viernes, 26 de agosto de 2016

Disciplina financiera: urgente y necesaria

O P I N I Ó N

                                                                                   Jesús Rojas Rivera

En las funciones del Gobierno no está el ahorro, las administraciones públicas no tienen por qué ahorrar. Los gobiernos deben ejercer el gasto de manera eficiente y eficaz, gastar los recursos públicos de manera transparente, pero sobre todo, deben cumplir con las obligaciones que la ley les marca. No es mejor gobernante el que menos gasta, pero tampoco es mejor el que más invierte, despende o se endeuda.

Hablar de deuda pública es hablar de gasto gubernamental, de las decisiones del político en ejercicio del Gobierno para cumplir con las funciones mandatadas, de aquellas obligaciones que se adquieren en forma directa o a través de sus agentes financieros. La deuda pública no es por sí mala, lo malo es no tener forma de pagarla.

De manera breve, debe usted saber amable lector que la deuda pública tiene diversas formas de clasificarse: Por su origen, por su periodo de contratación, por sus fuentes de financiamiento, por su moneda de contratación y sus instrumentos de pago. Los gobiernos de la federación, los estados y  municipios operan con deudas públicas. La gran diferencia se marca en un concepto fundamental denominado “nivel óptimo de deuda”, que en pocas palabras se define como la deuda que está en posibilidades de pagarse en tiempos convenidos, sin que esto represente un riesgo sistémico en el desempeño del Gobierno o genere costos para los ciudadanos.

El gran problema es que los políticos no saben de ello, la mayoría de los hombres y mujeres que participan en política no tienen el mínimo conocimiento de esta parte fundamental de las finanzas públicas. Y estoy hablando no de que conozcan de memoria las definiciones, sino al menos, de la existencia y naturaleza de los propios conceptos. 

Un gobernante, titular de un ejecutivo estatal o municipal que no tenga nociones sobre deuda pública puede terminar metiendo en verdaderos aprietos a la institución que representa. No es asunto poco común, en México y Sinaloa el tema es más que frecuente.

Los municipios más endeudados de Sinaloa son Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato, el caso de la capital es muy significativo porque es también uno de los municipios más endeudados del país. Los más de mil 262 millones de pesos en deuda que tiene Culiacán son producto de un largo recorrido de irresponsables decisiones, voluntariosas acciones y la contratación de infames deudas sobre deudas. Por fortuna, en nuestro país se aprobó la Ley de Disciplina Financiera también para los gobiernos estatales y municipales promoviendo un balance sostenible entre los ingresos y egresos de las entidades.

La primera obligación que marca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios es que todo gasto debe tener sustento en los planes de desarrollo, además de tomar obligatoriamente en cuenta los criterios generales de Política Económica de la SHCP propuestos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, esto reduce el margen de ocurrencias gubernamentales y ajusta los criterios a un marco de acción claro.

Poniéndolo en esos términos podría escucharse difícil de entender, pero en un ejercicio de ejemplificación sencilla, un municipio tan endeudado como Culiacán no podría ejercer gasto en asuntos ridículos como el “morrín” y “al 100 por Culiacán”, porque serían gastos injustificados, no etiquetados que además no cumplen con ningún fin mandatado y se entienden como un gasto innecesario y voluntarioso para la promoción política del Alcalde.

La verdad es que uno de los pocos pero grandes aciertos del Presidente Enrique Peña Nieto está en la presentación y el impulso de esta Ley, en el transcurrir del tiempo se verá reflejado en la mejora de las finanzas públicas y con ello, sin duda, se elevará la calidad de los servicios públicos, y con un poco de suerte, también la calidad de la obra pública. Luego le seguimos... 

viernes, 19 de agosto de 2016

... y sin hacer gestos

O P I N I Ó N

                                                                                           Jesús Rojas Rivera

Quirino Ordaz Coppel ganó las elecciones constitucionales de manera contundente, dejó ver que en Sinaloa la competencia electoral fue todo menos reñida. En lo que algunos han calificado como “las elecciones más sucias en la historia del estado”, el político mazatleco se hizo con la victoria. Lejos pero en segundo lugar quedó el candidato del PAS, el factótum de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, un actor político que entiende que la actividad pública se juega en un tablero, al ex rector me he permitido compararlo con un ajedrecista.

Cuén y el PAS emprendieron durante toda la campaña ataques “estratégicos” contra el PRI, los acusaron de todo, al punto que el universitario acudió a presentar una denuncia contra el abanderado tricolor. Es común olvidar los detalles, la desmemoria se apropia de los vencidos en la construcción de los acuerdos con los vencedores.

A finales de abril aparecieron pintas contra Cuén al interior de instalaciones universitarias. El Partido Sinaloense acusó al PRI de operar una campaña sucia en la que, según ellos, “se preparaba” un atentado en contra del candidato con el fin de evitar que llegara a la Gubernatura. Por supuesto esto no sucedió.

El 12 de mayo el ex rector denunció ante el IEES a Quirino Ordaz Coppel por violar la Ley Electoral, entre otras cosas por colocar una pantalla gigante en áreas de orden público, frente a la Universidad de Occidente, para la retransmisión del segundo debate. Esta como todas las denuncias contra el PRI, resultaron improcedentes o cuando menos insignificantes para el órgano electoral.

El 16 de mayo el abanderado del PAS y Movimiento Ciudadano anunció que denunciaría ante la Fepade a Quirino Ordaz por la llamada filtrada donde dialogaba con el Alcalde de Culiacán, Sergio Torres Félix, solicitándole apoyo para repuntar sus preferencias en las sindicaturas. La acusación contra el edil nunca fue demostrada.

El 17 de mayo Cuén advirtió que se configuraba en Sinaloa una elección de Estado y llamó a los demás contendientes a unirse en contra de Quirino. Pidió cerrar filas en torno a él porque, afirmaba, las encuestas lo ponían a un margen estrecho del competidor tricolor. “La única manera de vencerla es unificando la fuerza de todos los partidos adversarios al PRI”, dijo. Ni se unificaron, ni estaba tan cerca, ni ganó.

Pero la política mexicana es así, permite a los actores entrar en diálogos como los antes expuestos, genera frentes y batallas en el marco de dichos y diretes. Permite la expresión coloquial, la acusación de ocurrencia, la bravata de banqueta, todo absolutamente todo porque en el juego de lo político la seriedad del dicho nunca está sujeta a probanza.

Desde la semana pasada Héctor Melesio jugó sus fichas y Quirino correspondió “en pos” de la gobernabilidad y la unidad de Sinaloa. El gran movimiento de Cuén fue nombrar al primero de los coordinadores de las bancadas, su alfil incondicional Víctor Antonio Corrales Burgueño, posteriormente, hizo una declaración sorprendente: el PAS buscaría presidir la Cámara el primer año para ser ellos quienes tomen protesta al próximo Gobernador electo. El paso siguiente era lógico, una reunión con el Gobernador, donde todas las ofensas, todos los dichos, todas las acusaciones, amenazas y “sanquintines” quedan olvidados porque “se debe ver por el bien de Sinaloa” -léase en tono hipócrita-.

El gran ganador de la partida inicial Cuén-Quirino es Héctor Melesio, quien con un diputado menos que el PAN está haciendo el primer acuerdo, la patada inicial de lo que será una breve pero intensa legislatura. En este pacto de “civilidad política” podemos adelantar la postura sumisa de los diputados del grupo universitario en el arranque legislativo.

El PAN por su parte puede seguir cosechando como oposición lo que a nivel nacional le ha redituado muy bien, marcar distancia al PRI que pasa por uno de sus momentos más críticos en la figura presidencial. La gran oportunidad para brillar será para aquellos legisladores que puedan mantener una postura congruente, madura y sensata respecto al rol de oposición que deben jugar. Los entreguistas ganan en lo inmediato, de los congruentes será el futuro. En Sinaloa el 2018 comienza a dibujarse. Luego le seguimos...

sábado, 13 de agosto de 2016

Sinaloa y el sistema nacional anticorrupción

O P I N I Ó N
                                                                                              Jesús Rojas Rivera


El Sistema Nacional Anticorrupción es la respuesta institucional a un mal social que afecta significativamente la vida pública del País. La corrupción en México ha existido incluso antes de que Enrique Peña Nieto naciera, pero es en este sexenio donde el tema se convirtió en un foco de atención nacional, en el tema central de la discusión pública, en gran medida por los escándalos en donde la familia y el propio titular del Ejecutivo se han visto involucrados y por los cuales, en un acto nunca antes visto, el Presidente ha tenido que salir a pedir perdón.

Pero no solo en el Poder Ejecutivo hay corruptos y corruptores, la corrupción también se presenta en el Poder Legislativo y Judicial, en los organismos públicos autónomos, en las empresas, en las universidades, en la calle y podría asegurar que hasta en las iglesias. La corrupción es enemiga del sistema democrático porque pone en práctica todos los anti-valores que son contrarios al bien común. En marzo de este año se discutieron los últimos puntos del Sistema Nacional Anticorrupción mediante una reforma constitucional que establece la creación del sistema, que nace de la voluntad de todas las fuerzas políticas representadas en las Cámaras y se sostiene en una gran demanda ciudadana para la atención de este tema.

El Sistema Nacional Anticorrupción busca agrupar las instituciones encargadas de combatir la corrupción con el fin de acabar con la impunidad que rodea a todos los lesivos actos que acompañan dichas prácticas. Para tales efectos se crean o modifican siete leyes que son el punto de partida para generar los mecanismos que operarán este sistema de fiscalización y rendición de cuentas en todos los órdenes de Gobierno.
La más importante es sin duda La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, es el cuerpo normativo que se fundamenta en la reforma constitucional que define la manera en cómo se coordinarán los esfuerzos del combate a la corrupción, estableciendo un Comité Coordinador que será el encargado de llevar las políticas públicas y las evaluaciones encaminados a tales esfuerzos. 
Además se incluye la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde se adopta en buena medida el espíritu de la Ley 3 de 3, propuesta nacida en un movimiento de organizaciones sociales, cámaras empresariales y grupos académicos que exigieron mediante un gran movimiento de recolección de firmas que todo servidor público presentara su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés. Esto además da origen al Registro Nacional de Servidores Públicos y la Plataforma Nacional de Declaraciones de los Servidores Públicos, donde se espera se incluyan todos aquellos que tengan atribuciones y funciones públicas en todas las dependencias gubernamentales, de todos los poderes y órganos desconcentrados, de la federación, las entidades federativas y los municipios. 
A destacar también las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como las nuevas atribuciones concedidas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Para desaparecer la figura de la inoperante Secretaría de la Función Pública manteniendo un órgano de control interno de la Administración Pública Federal, para que persiga y resuelva las faltas administrativas de los servidores públicos. De la misma forma se destaca la ampliación de facultades para que la Auditoría Superior de la Federación investigue y fiscalice en tiempo real la aplicación y gasto de los recursos federales, incluso en donde existan participaciones estatales. 
Por último debemos destacar las reformas al Código Penal para la tipificación de los delitos que circundan los actos de corrupción graves, así como la designación del fiscal anticorrupción en las entidades federativas, que es una tarea legislativa que estará pendiente para la siguiente legislatura. Hasta ahora lo que se ha avanzado no es menor, son grandes esfuerzos que se deben ajustar en las legislaturas locales para la armonización de marco jurídico para el combate a la corrupción. 
Sin duda los legisladores entrantes tienen una gran responsabilidad, ya veremos si se aplican en hacer la tarea o continúan en ese breve y atípico periodo legislativo con la flojera que caracterizó a la gran mayoría de legisladores que están por despedirse, los mismos de las posturas intrascendentes, los chalanes de trámite, los que cobraron “dioquis”. Luego le seguimos...

viernes, 12 de agosto de 2016

Los que se van

O P I N I Ó N
                                                                                                                      Jesús Rojas Rivera

Alguna vez leí que la evaluación al desempeño de los diputados no podía hacerse en lo individual, que en todo caso sería injusto por las múltiples variables que influyen en el proceso legislativo. El desempeño de los diputados o la eficiencia del cuerpo legislativo sería más consistente al evaluar a las bancadas o grupos parlamentarios, o bien a las comisiones o a todo aquello que tome uno o más elementos de la compleja función camaral.

Pero eso es un tema que podría llevarse a tesis de posgrado, la discusión en la Ciencia Política sobre la “evaluación de la eficiencia legislativa” ha estado en el tintero de muchos politólogos amantes de la cuantificación y la estadística. Pero de algo puede estar seguro amable lector, hacer un ranking de diputados no sirve de mucho.

Las funciones de las y los diputados son múltiples, las principales son las propias del hacer, modificar y derogar leyes, pero eso es solo el principio. Un legislador tiene funciones muy importantes en los ejercicios financieros de los gobiernos, tanto en la asignación de los recursos públicos, como en la comprobación de su correcto ejercicio.

Pero también existe una función muy difícil de evaluar, tiene que ver con el uso de la tribuna, con la argumentación, la elocuencia y la defensa de las ideas que deberán representar la voz de los ciudadanos. Y eso sería verdaderamente complicado, la evaluación de los contenidos discursivos podría ser influenciada por la postura ideológica o afinidad política de quien hace o manda hacer la evaluación.

En Sinaloa está a punto de concluir la LXI legislatura, que ha sido severamente criticada por tirios y troyanos, he leído que a los diputados que cierran ejercicio se les ha llamado de mil formas, incluso Jesús Enrique Hernández Chávez ha tenido que aceptar que ha sido una legislatura de “pocas iniciativas pero de fondo, porque las leyes no se producen en línea”. Seguramente refiriéndose a la grandiosa ley que criminaliza el maltrato animal en un estado con el 98 por ciento de impunidad en delitos de altísima gravedad como el homicidio.

Pero más allá de ello, sin entrar en el debate para juzgar la “eficiencia” de los legisladores salientes, yo me atrevo a decir que salvo sus honrosas excepciones su actuar fue intrascendente, opaco e irresponsable. Comenzando por la indefinición de las bancadas, nunca se supo cuál era la oposición, ni cuál era la bancada afín al gobernante. Hicieron la función de comparsa, de chalán de trámites y asuntos sin importancia. La que concluye fue una legislatura muda y servil que mostró el rostro de la sumisión ante el Poder Ejecutivo.

En estos tres años hubo de todo, múltiples suplencias para aventuras electorales, cambios de bancada, iniciativas recicladas, ausencias sin suplencias, posturas incongruentes, silencios cómplices, y hasta un desafuero casi a regañadientes.

Lo más destacable a mi juicio es la participación de tres legisladoras que hicieron un intento por la dignificiación del Congreso. Pertenecientes a distintos partidos políticos, incluso entrando en duros debates entre ellas, las legisladoras Sandra Lara del PRI, Imelda Castro del PRD y Laura Galván del PAN, son sin duda las tres mujeres que dignifican la plana de este oprobio legislativo.

Esperemos que la siguiente legislatura dé muestras de altura política, así como esperamos también que muchos de los ineficientes que están a punto de concluir replanteen su camino y cambien de oficio. El ejercicio público en la Cámara requiere definiciones claras y posturas congruentes, en una democracia se puede ser dignamente oposición y dignamente aliado del goberante en turno, pero en un ejercicio deliberativo claro, franco, abierto y consecuente.

Concluye la legislatura y concluirá el sexenio, esperemos también concluya el “gatopardismo” legislativo en el juego siniestro de aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y en sus hechos y actos lo traicionan. Desde Tegucigalpa, la tierra del cacique Lempira, les mando un abrazo a mis contados lectores. Luego le seguimos...

jueves, 28 de julio de 2016

La corrupción volvió a matar

O P I N I Ó N

                                                                                                               Jesús Rojas Rivera

De nuevo la tragedia, cinco trabajadores de la construcción que no debieron morir. Hoy hace una semana, Culiacán fue testigo de otro accidente, un nuevo escándalo en la administración de Sergio Torres tras el colapso de una estructura en una construcción ilegal en el hotel Tres Ríos de esta capital.

Las víctimas eran jornaleros agrícolas que cambiaron las artes del campo por la pala y la cuchara, así es la pobreza, obliga a las personas a buscar fuentes de empleo de formas muy distintas. Los trabajadores que murieron lo hicieron en su digna labor, por la negligencia de los “profesionistas” a cargo de la obra y sin duda, por la permisividad de una autoridad que no hizo su trabajo.
El hotel no tenía permiso para iniciar con obras de construcción afirmó sin empacho el Alcalde. La responsabilidad de la revisión de los permisos de esa y otras obras es del Ayuntamiento, pero los funcionarios municipales fueron omisos igual que en el caso del espectacular de la empresa Royal Yak que cobrara la vida de don Luis, un trabajador de la SEPyC que falleció al caerle una estructura colocada de manera ilegal.

Dos elementos comunes en los casos: El primero es que los particulares lograron evadir la acción de la autoridad municipal, y con la omisión de los reglamentos los hechos condujeron a tragedias lamentables donde se perdieron vidas humanas.

El segundo es que Sergio Torres no ha iniciado ni tiene para cuándo iniciar siquiera un proceso administrativo contra los responsables por omisión. Muy a su estilo, el Alcalde asume la responsabilidad de un equipo que ha probado ser ineficiente y ha dibujado claramente el rostro de la corrupción. 

No podría afirmarlo, pero tenemos el absoluto derecho de pensarlo. Los actos tal como se han presentado tienen el tufo de la corrupción en sus adentros, hechos que se repiten y se perdonan, reglamentos que se omiten y actuaciones que nunca llegan. Eso y la protección de los responsables solo nos pueden llamar a pensar en el jugoso negocio de la omisión gubernamental.

¿Cuántos millones están en juego? ¿Cuánto podrá generar actos de corrupción como los que es pertinentes sospechar? Más allá de ello, lo que nos debe preocupar de esta autoridad permisiva es su falta de responsabilidad en algo que hemos visto puede llevar a pérdidas irreparables. Estamos todos seguros que en Culiacán muchas obras funcionan sin permisos, muchos negocios operan sin permiso, muchos espectaculares se colocaron si permiso y mucho dinero se genera en la permisividad de los ojos cerrados.

Desafortunadamente para las familias de los afectados el accidente ocurrió en Sinaloa, en donde más del 88 por ciento de los delitos quedan impunes. Siendo personas de bajos recursos, con mínimas posibilidades de defensoría legal, la justicia es un sueño que parece imposible. En el devenir de estos días nos hemos dado cuenta cómo nadie ha visto por ellos, ni la empresa constructora, ni el hotel y mucho menos las autoridades, quienes ven a los afectados como enemigos de sus intereses. Como si los hombres que murieron lo hicieron pensando en degradar más, la de por sí ganada imagen de autoridad ineficiente. 

Para concluir quiero responderle al Diputado local Manuel Osuna en lo declarado en tribuna sobre el caso: “que la Ley se aplique también en los empresarios”. Tiene razón Diputado, la ley debe aplicarse parejo, para los que faltaron a su responsabilidad al no pedir permisos y tener desprotegidos a sus trabajadores. Pero la primera etapa en la sanción la pone el Ayuntamiento no permitiendo que las cosas ilegales continúen. La piedra angular para que estas tragedias no ocurran está en esos que usted defiende. Y sí, tiene usted razón: en los periódicos escribimos y escribimos y volvemos a escribir que la corrupción de funcionarios mata, que cualquiera puede ser la víctima y que los únicos facultados para poner en orden a los particulares que pretenden burlar la ley son las instituciones del Estado. Para eso nacieron y para eso existen, lo malo es que cuando se venden o se corrompen no sirven. Luego le seguimos...

viernes, 15 de julio de 2016

Aquí también hay populismo, Dr. Robles

O P I N I Ó N

                                         Jesús Rojas Rivera

Hace un par de días leía con atención la columna “Poliarquía”, espacio de expresión del Secretario del Ayuntamiento de esta municipalidad, doctor Guadalupe Robles. En total franqueza, afirmo que no soy asiduo a su lectura porque la expresión académica que permanece tibia ante los errores y abusos del poder no está en mis preferencias editoriales. Pero el título de esa entrega me llamó la atención: “¿Qué es el populismo?”. Sobre ella quisiera compartirle algunas breves reflexiones.

Tal como lo afirma el doctor Robles, el populismo es un concepto difícil de explicar, pero no por ello deja de tener definición en mi Ciencia madre. De entre todas, la más pertinente la encuentro en lo expuesto por mi profesora, la doctora Flavia Freidenberg, catedrática en la Universidad de Salamanca, quien afirma que: “El populismo puede ser entendido como un tipo de liderazgo caracterizado por la relación directa, carismática, personalista y paternalista entre líder-seguidor, que no reconoce mediaciones organizativas o institucionales, que habla en nombre del pueblo, potencia la oposición de este a los ‘otros’, busca cambiar el estatus quo dominante, donde los seguidores están convencidos de las cualidades extraordinarias del líder y creen que gracias a ellas, los métodos redistributivos y/o el intercambio clientelar que tienen con su líder, conseguirán mejorar su situación personal o la de su entorno”.

El populismo se puede expresar de múltiples formas: A) como movimiento social, B) como discurso ideológico, C) como estrategia política, D) como manifestación de cultura política y las más importantes en las cuales particularizaré en este espacio: E) como forma de interacción gubernamental o política pública y F) como política monetaria o de gasto público.

Cuando el doctor Gudalupe Robles escribió atinadamente de populismo en su columna, no pude dejar de pensar en nuestros populistas locales. Como lo debe saber el doctor, los populismos nacen con mayor frecuencia en democracias no consolidadas. Nuestro País tiene a sus populistas, también nuestro estado y podría bajo la definición antes expuesta, argumentar que nuestra municipalidad tiene en ejercicio del poder a un Alcalde con rasgos de esta naturaleza política.

Como es pertinente argumentaré mis reflexiones: El Alcalde de nuestro municipio tiene un discurso de confrontación contra las élites, es de conocimiento público que en múltiples ocasiones ha dicho que los “ricos” de Culiacán no pagan impuestos y son los que más exigen servicios. Enarbola la bandera de los “pobres” como sinónimo de cumplimiento y responsabilidad en el pago de impuestos municipales y eso es cuando menos una verosimilitud. El discurso populista confronta y no incluye, lleva a polos sociales a enfrentarse para ganar réditos en la batalla. Tal como lo hace Sergio.

Nuestro Alcalde ha generado un esquema de gasto irresponsable que tiene a Culiacán en una crisis financiera única en la historia, que ha reducido de forma marginal la deuda a largo plazo, pero ha incrementado de manera abusiva la pagadera a corto plazo. Yo le digo al doctor Robles que uno de los rasgos típicos de los populistas es el desorden financiero y la irresponsabilidad en el gasto. Comprometen porque saben que ellos no lo van a pagar, gastan y endeudan porque no son personas de instituciones, buscan poner en alto, a toda costa, el legado de su pequeño paso por el poder.

Además de la irresponsabilidad financiera, sus actos y decisiones políticas se acompañan también de acciones y medidas que buscan “trascender” en la historia, generando íconos o insignias que perdurarán más allá de su ejercicio. Algunos se construyen hemiciclos, le mandar poner su nombre a un estadio, rebautizan calles o crean figurines para “rescatar los valores” y generar “identidad en la ciudad”. Para nuestro caso local, léase el “morrín”.

En lo único que no cuadraría mi comparativa es en lo siguiente: la teoría de la Ciencia Política dice que los populistas tienen como característica el respaldo de una nutrida masa social que los apoya independientemente de sus aciertos o desaciertos. Los populistas buscan estar, a costa de su carisma, bien con la mayoría. Esto definitivamente no cuadra en el caso de Culiacán. En esas raras formas que tiene el estudio de la política, podría afirmar que en nuestra capital tenemos un Alcalde populista-impopular. Luego le seguimos...

viernes, 8 de julio de 2016

Hace un año partió Ramón

O P I N I Ó N

                                                                                                                Jesús Rojas Rivera

Los días de hospital son difíciles y a mí me tocó acompañarlo nada más los últimos 25. Ayer se cumplió un año de aquella mañana triste cuando declararon muerto a Ramón Eduardo Guevara en un hospital de Culiacán.
Ramón era mi amigo, el primer periodista que abrió las puertas de su cabina para darme voz pública en los medios de comunicación. En su carrera, mi amigo escribió para varios rotativos y tenía un programa de radio donde la audiencia lo seguía fielmente. Era un periodista agudo, reflexivo y muy simpático, el estilo de su crítica era una exposición de sátira difícil de expresar con palabras. Siempre tuvo encontronazos con el Gobierno en turno, invariablemente el partido en el poder.

En esta misma columna he escrito antes sobre el problema que el Alcalde cobarde que gobierna nuestro Escuinapa tuvo con Ramón Eduardo. En otras entregas he dado detalles de la mezquindad de un político que ante las duras críticas del periodista pretendió censurarlo estando él enfermo de cáncer, motivo por el cual la CNDH abrió una investigación que fue turnada al órgano local.

No quiero abundar en detalles de los antecedentes, hoy quiero exponer sobre los resolutivos que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos hizo respecto al caso CEDH/VIII/200/2015, donde se acredita la violación de los derechos humanos del periodista y la Comisión fija su postura en el sentido “de que todas las autoridades asuman el compromiso de respeto a la libertad de expresión”.

De lo anterior el organismo garante de los derechos humanos en Sinaloa decretó la reparación del daño por las violaciones a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 1ro. De la Constitución Política Mexicana. A poco menos de siete meses de lo decretado, el Presidente Municipal sigue dando largas y es tiempo que no cumple con la sanción impuesta por la Comisión.

Bonifacio Bustamante es un político mediocre que representa los valores más rancios de la política sinaloense, su carrera comenzó en una alcaldía y terminará con ella, estos casi tres años en el cargo público nos mostró el rostro de la infamia, tal como dijo Nicolás Maquiavelo, la historia nos dio la oportunidad de conocerlo a través del espejo del poder.

Bustamante pretenderá cerrar un ciclo con el pueblo alzado en protestas, señalado como el peor Alcalde en la historia de la municipalidad y con múltiples cuentas por saldar como la desaparición de más de tres millones de pesos de las cuentas municipales en un supuesto “hackeo” bancario. 

Para poca fortuna del edil y las aspiraciones de impunidad que persigue podrán ser enfrentadas en la Cámara local por la diputada electa, la escuinapense Francisca Ayón, quien se comprometió con los electores del distrito a poner en la cárcel a los políticos corruptos que hubieran malversado fondos públicos.

Veremos en el camino qué depara el futuro para cada uno de los actores políticos involucrados. Por lo pronto, el tiempo corre, mi amigo descansa y no terminamos de acostumbrarnos a su ausencia. Dicho por él mismo: “Independientemente del resultado de mi caso, la lucha debe ser para que nunca más un Alcalde violente el derecho a la libertad de expresión en Sinaloa, ni de los periodistas, ni de nadie”. Por eso es que pasado un año del día de su partida nosotros seguimos exigiendo justicia. Luego le seguimos.