Caprichos legislativos

O P I N I Ó N

J E S ú S   R O J A S   R I V E R A

Solía ser un tema debatible entre los juristas, una discusión inagotable sobre el Derecho y sus ramificaciones: los puristas y ortodoxos del saber jurídico afirman que el Derecho Parlamentario es una rama del Derecho Constitucional, los vanguardistas sostienen tesis sobre su autonomía. Más allá de los debates, lo cierto es que esta disciplina de la ciencia jurídica es fundamental para el Estado, de tales complejidades que no muchos se especializan en ella. Pocos tratadistas se han interesado y, sin saberlo, la academia y la sociedad dejaron un tema importantísimo en manos de diputados.  Los legisladores no necesitan ser expertos en nada, ellos llegaron a la Cámara en una elección que se resuelve con votos, en la vía de mayoría o representación proporcional. Y ninguna ley obliga a tener conocimientos mínimos en materia alguna. La voluntad del pueblo soberano se expresa en la elección de sus autoridades y representantes, lo que hagan de las instituciones es un asunto que no se cuestiona porque en México tenemos la mala costumbre de pensar en la democracia como un sistema exclusivamente electoral y no como un medio de rendición de cuentas y exigencia de resultados. En la lógica mexicana: los diputados una vez electos son seres incontrovertibles, cuyas decisiones legislativas, correctas o incorrectas, no son asunto de interés común. Esa visión nublada de los asuntos legislativos genera una espiral de ineficiencia y opacidad. Nadie está al pendiente de las discusiones en la Cámara porque asumimos que las cosas en el Congreso caminan sobre su riel, sin sobresaltos. Y no es así, en innumerables ocasiones los diputados legislan por capricho, en una evidente violación al orden jurídico, llegando inclusive al extremo de la transgresión de los mandatos constitucionales. Casos vergonzosos de total vergüenza, como el sucedido recientemente en Sinaloa sobre la llamada "Ley de Niños". Derivado de un procedimiento caprichoso, faccioso e impertinente que convirtió una reforma constitucional en una discusión absurda de temas moralinos y dogmáticos. El Poder Legislativo sinaloense sumó a su historia un episodio nefasto al ser reconvenido por la naturaleza de sus acciones, por actos de inconstitucionalidad en un asunto de elemental procedimiento. A dicho de compañeros politólogos y amigos juristas del País: "El jalón de orejas al Poder Legislativo sinaloense es un llamado de atención para los que pretenden legislar alejados de la razón jurídica, montados en el personalísimo credo ideológico". Por eso les mandaron corregir la plana, para armonizar en congruencia constitucional la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por la posibilidad de impugnación por su tarea mal hecha. Eso podría ser mal menor si no existiera el antecedente de una discusión donde una legisladora, compañera de la misma Cámara, se los hizo ver, se los dijo de mil formas pero no fue escuchada. Sus argumentos jurídicos fueron opacados con gritos, amenazas y jalones. Hoy, cuando un poder constituido del Estado tiene que hacer de nuevo la tarea para el cabal cumplimiento de la Ley Suprema, de nuevo saltan a la vista trampas legaloides, que por una terquedad antojadiza dejan abiertas posibilidades para impugnaciones futuras. Más allá de los intereses que se mueven en torno a la referida Ley, orbita un asunto mayor, que tiene que ver con la obstinación para imponer un argumento que no cabe en una norma sujeta a tratados internacionales. Debe saber ese grupo caprichoso de legisladores sinaloenses que el mundo no gira en torno al río Humaya, que las mujeres y los hombres justos que se guardan en los anales de la historia son capaces de construir, modificar y derogar leyes con base en la razón, nunca en los "asegunes" de un sermón dominguero. Decía ilustre reformista liberal don Valentín Gómez Farías: "El compromiso con la Patria, sus leyes y sus instituciones, es incluso mayor al credo que nos persigna".