O P I N I Ó N
Jesús Rojas Rivera
En las funciones del Gobierno no está el ahorro, las administraciones públicas no tienen por qué ahorrar. Los gobiernos deben ejercer el gasto de manera eficiente y eficaz, gastar los recursos públicos de manera transparente, pero sobre todo, deben cumplir con las obligaciones que la ley les marca. No es mejor gobernante el que menos gasta, pero tampoco es mejor el que más invierte, despende o se endeuda.
Hablar de deuda pública es hablar de gasto gubernamental, de las decisiones del político en ejercicio del Gobierno para cumplir con las funciones mandatadas, de aquellas obligaciones que se adquieren en forma directa o a través de sus agentes financieros. La deuda pública no es por sí mala, lo malo es no tener forma de pagarla.
De manera breve, debe usted saber amable lector que la deuda pública tiene diversas formas de clasificarse: Por su origen, por su periodo de contratación, por sus fuentes de financiamiento, por su moneda de contratación y sus instrumentos de pago. Los gobiernos de la federación, los estados y municipios operan con deudas públicas. La gran diferencia se marca en un concepto fundamental denominado “nivel óptimo de deuda”, que en pocas palabras se define como la deuda que está en posibilidades de pagarse en tiempos convenidos, sin que esto represente un riesgo sistémico en el desempeño del Gobierno o genere costos para los ciudadanos.
El gran problema es que los políticos no saben de ello, la mayoría de los hombres y mujeres que participan en política no tienen el mínimo conocimiento de esta parte fundamental de las finanzas públicas. Y estoy hablando no de que conozcan de memoria las definiciones, sino al menos, de la existencia y naturaleza de los propios conceptos.
Un gobernante, titular de un ejecutivo estatal o municipal que no tenga nociones sobre deuda pública puede terminar metiendo en verdaderos aprietos a la institución que representa. No es asunto poco común, en México y Sinaloa el tema es más que frecuente.
Los municipios más endeudados de Sinaloa son Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato, el caso de la capital es muy significativo porque es también uno de los municipios más endeudados del país. Los más de mil 262 millones de pesos en deuda que tiene Culiacán son producto de un largo recorrido de irresponsables decisiones, voluntariosas acciones y la contratación de infames deudas sobre deudas. Por fortuna, en nuestro país se aprobó la Ley de Disciplina Financiera también para los gobiernos estatales y municipales promoviendo un balance sostenible entre los ingresos y egresos de las entidades.
La primera obligación que marca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios es que todo gasto debe tener sustento en los planes de desarrollo, además de tomar obligatoriamente en cuenta los criterios generales de Política Económica de la SHCP propuestos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, esto reduce el margen de ocurrencias gubernamentales y ajusta los criterios a un marco de acción claro.
Poniéndolo en esos términos podría escucharse difícil de entender, pero en un ejercicio de ejemplificación sencilla, un municipio tan endeudado como Culiacán no podría ejercer gasto en asuntos ridículos como el “morrín” y “al 100 por Culiacán”, porque serían gastos injustificados, no etiquetados que además no cumplen con ningún fin mandatado y se entienden como un gasto innecesario y voluntarioso para la promoción política del Alcalde.
La verdad es que uno de los pocos pero grandes aciertos del Presidente Enrique Peña Nieto está en la presentación y el impulso de esta Ley, en el transcurrir del tiempo se verá reflejado en la mejora de las finanzas públicas y con ello, sin duda, se elevará la calidad de los servicios públicos, y con un poco de suerte, también la calidad de la obra pública. Luego le seguimos...
