Sinaloa y el sistema nacional anticorrupción

O P I N I Ó N

                                                                                              Jesús Rojas Rivera

El Sistema Nacional Anticorrupción es la respuesta institucional a un mal social que afecta significativamente la vida pública del País. La corrupción en México ha existido incluso antes de que Enrique Peña Nieto naciera, pero es en este sexenio donde el tema se convirtió en un foco de atención nacional, en el tema central de la discusión pública, en gran medida por los escándalos en donde la familia y el propio titular del Ejecutivo se han visto involucrados y por los cuales, en un acto nunca antes visto, el Presidente ha tenido que salir a pedir perdón.

Pero no solo en el Poder Ejecutivo hay corruptos y corruptores, la corrupción también se presenta en el Poder Legislativo y Judicial, en los organismos públicos autónomos, en las empresas, en las universidades, en la calle y podría asegurar que hasta en las iglesias. La corrupción es enemiga del sistema democrático porque pone en práctica todos los anti-valores que son contrarios al bien común. En marzo de este año se discutieron los últimos puntos del Sistema Nacional Anticorrupción mediante una reforma constitucional que establece la creación del sistema, que nace de la voluntad de todas las fuerzas políticas representadas en las Cámaras y se sostiene en una gran demanda ciudadana para la atención de este tema.

El Sistema Nacional Anticorrupción busca agrupar las instituciones encargadas de combatir la corrupción con el fin de acabar con la impunidad que rodea a todos los lesivos actos que acompañan dichas prácticas. Para tales efectos se crean o modifican siete leyes que son el punto de partida para generar los mecanismos que operarán este sistema de fiscalización y rendición de cuentas en todos los órdenes de Gobierno.

La más importante es sin duda La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, es el cuerpo normativo que se fundamenta en la reforma constitucional que define la manera en cómo se coordinarán los esfuerzos del combate a la corrupción, estableciendo un Comité Coordinador que será el encargado de llevar las políticas públicas y las evaluaciones encaminados a tales esfuerzos. 

Además se incluye la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde se adopta en buena medida el espíritu de la Ley 3 de 3, propuesta nacida en un movimiento de organizaciones sociales, cámaras empresariales y grupos académicos que exigieron mediante un gran movimiento de recolección de firmas que todo servidor público presentara su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés. Esto además da origen al Registro Nacional de Servidores Públicos y la Plataforma Nacional de Declaraciones de los Servidores Públicos, donde se espera se incluyan todos aquellos que tengan atribuciones y funciones públicas en todas las dependencias gubernamentales, de todos los poderes y órganos desconcentrados, de la federación, las entidades federativas y los municipios. 

A destacar también las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como las nuevas atribuciones concedidas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Para desaparecer la figura de la inoperante Secretaría de la Función Pública manteniendo un órgano de control interno de la Administración Pública Federal, para que persiga y resuelva las faltas administrativas de los servidores públicos. De la misma forma se destaca la ampliación de facultades para que la Auditoría Superior de la Federación investigue y fiscalice en tiempo real la aplicación y gasto de los recursos federales, incluso en donde existan participaciones estatales. 

Por último debemos destacar las reformas al Código Penal para la tipificación de los delitos que circundan los actos de corrupción graves, así como la designación del fiscal anticorrupción en las entidades federativas, que es una tarea legislativa que estará pendiente para la siguiente legislatura. Hasta ahora lo que se ha avanzado no es menor, son grandes esfuerzos que se deben ajustar en las legislaturas locales para la armonización de marco jurídico para el combate a la corrupción. 

Sin duda los legisladores entrantes tienen una gran responsabilidad, ya veremos si se aplican en hacer la tarea o continúan en ese breve y atípico periodo legislativo con la flojera que caracterizó a la gran mayoría de legisladores que están por despedirse, los mismos de las posturas intrascendentes, los chalanes de trámite, los que cobraron “dioquis”. Luego le seguimos...