viernes, 29 de agosto de 2014

Consultitis

J E S ú S   R O J A S   R I V E R A 
Viernes 29 de Agosto de 2014

Y de pronto, por cosas de la moda y las ten­dencias en política, las consultas ciudadanas se volvieron populares, de uso común entre los partidos políticos. Hoy, esas instituciones públicas generalmente cerradas al diálogo con los ciudadanos, opacas en sus finanzas internas y celosas de su escrutinio público, abren la puerta a una figura jurí­dica de reciente creación: la Ley de Consulta Popular publicada en el Diario Oficial el 14 de marzo de este año.

Jean-François Prud´homme escribió un interesante ensayo publicado en los cuadernos de divulgación de la cultura de­mocrática del entonces Insti­tuto Federal Electoral, se titula "Consulta Popular y Democra­cia Directa".

Presenta un breve recorrido por la evolución de la democra­cia, parte de la Grecia clásica y nos sitúa en el pensamiento político moderno. Este proceso evolutivo nos propone la dis­tinción de dos connotaciones opuestas de las formas de par­ticipación política, obligatorias para entender el asunto de las consultas populares.

Democracia directa y demo­cracia participativa, ahí está el centro de la discusión en el tema de las consultas populares, para el autor, votar o decidir sobre un tema de "interés nacional" sólo se puede dar en una comunidad donde predomina una cultura oral de deliberación, donde el nivel de burocratización sea ba­jo y el sentido del deber cívico muy alto, en ese sentido, el autor suma la necesidad del ciudada­no en el acceso a información oportuna y de calidad para to­mar una decisión respecto a lo que se discute.

Entre otros Canadá, Estados Unidos, Suiza, Francia y Gran Bretaña tienen mecanismos avanzados de consulta popular, son modelos complejos, puli­dos en la historia, en su cultura política, en la formación de sus ciudadanos, en la protección de las minorías, la limitación de la demagogia, los abusos del poder político, la estabilidad de las de­cisiones públicas y el equilibrio entre la participación y la gober­nabilidad.

El remedo mexicano no es ni en fondo, ni en forma, cercano al ideal que pretende; nació en el marco de un pago al compro­miso político que el Gobierno federal sostuvo con la izquierda. Es la concesión de un capricho, que permite la incorporación de un modelo electivo que se deja, de nuevo, en manos de los partidos políticos y no de los ciudadanos.

Y ahí los tenemos, la izquier­da consultando sobre la refor­ma energética con preguntas de elemental respuesta, preguntas reducidas, como ¿Está usted de acuerdo en que suba la gasolina?

Del otro lado la derecha y su consulta por la dignificación del salario mínimo, ¿Está usted de acuerdo con que suba el salario mínimo? Pregunta abusiva que apuesta a la desmemoria del ciu­dadano, que pretende hacernos olvidar que tuvieron dos sexe­nios para proponerlo y actuar en consecuencia.

Y por último, el partido en el Gobierno, buscando la reducción de los curules que ellos inventaron, satanizando a los diputados plurinominales como si fueran esos legisladores el pilar del descrédito en la Cámara de Diputados. Sa­bedores que en el juego de las sumas y restas, la disminución de diputados plurinominales y la eliminación de los sena­dores de partido les garantiza un proyecto de continuidad política con una opo­sición limitada a su mínima expresión.

Estoy de acuerdo con los mo­delos de participación ciudada­na y la consulta popular, pero de esas que se hacen en serio, las que buscan resolver asuntos de fondo. El problema del costo de los combustibles no se solu­ciona con la consulta energéti­ca, el problema de la economía familiar de los mexicanos no se soluciona con el aumento al salario mínimo, y el problema de la eficiencia legislativa no se resuelve eliminando a los pluri­nominales.


Fe de erratas
En la columna de la sema­na pasada, su servidor empleó mal un concepto. Los medios de comunicación no pueden violentar derechos humanos, estrictamente son las figuras de autoridad las únicas que violen­tan los derechos de los ciudada­nos. Debí decir en todo caso que; en los asuntos mencionados, los medios de comunicación comenten agravios contra los individuos, mismos que pue­den ser constitutivos de delito. Siempre agradeceré la opinión de usted amable lector. Luego le seguimos. 

viernes, 22 de agosto de 2014

Fe de erratas; el peligro del periodismo 2.0

Jesús Rojas Rivera

Viernes 22 de Agosto 2014

“Que horror Marlen vi un artículo con tu foto, pero veo que no eres tu y estas bien gracias a Dios, saludos!” (Sic). Así podría comenzar la historia que empezó a escribirse en las redes sociales el miércoles 20 del presente mes.

Medios de comunicación en el norte del país daban cuenta del asesinato en un asalto violento de Marlen Valdez reportera del diario La Última Palabra en Cadereyta Nuevo León. En el transcurrir de las horas, el lamentable hecho cobraba espacio y trascendía en los portales e impresos de medios nacionales, la revista Proceso dirigida por Rafael Rodríguez Castañeda se aventuró a publicar en su versión digital la fotografía del perfil de facebook de Marlen Valdez, pero, en un penoso descuido del reportero y los editores se publicó la imagen de otra Marlen Valdez, una que no era periodista, que no era de Cadereyta y no estaba muerta.

“Estoy muy afectada con esta nota, estoy desconcertada con el nivel de los medios de comunicación al publicar una nota con mi fotografía, requiero del apoyo de ustedes mis amigos para difundir que estoy viva y sana” (Sic). Era el llamado desesperado de una usuaria de redes sociales cuya identidad había sido confundida y difundida a más de difundida a más de 2 millones 322 mil 480 seguidores del semanario dedicado a la investigación periodística.

Proceso solía ser una revista seria. Muchos periodistas reconocidos nacional e internacionalmente escriben y han escrito para ella, el consejo de administración del semanario tiene hombres muy valiosos para el periodismo nacional y latinoamericano; Julio Scherer García, Vicente Leñero, Francisco Álvarez y Salvador Corro, son profesionales de la información que se han ganado a pulso un lugar en la preferencia de los lectores.

En la mañana del jueves 21, la respuesta a la petición desesperada de Marlen Valdez, lucía por su ausencia. Comenzó entonces la acción espontánea y solidaria de los usuarios de las redes sociales quienes se organizaron para difundir el error de Proceso, que en ese momento era replicado por al menos 25 diarios que habían tomado como fuente al semanario y difundían masivamente la fotografía equivocada.

Los amigos de la afectada, difundieron en sus muros, así como en el de periodistas y diversos medios de comunicación el error en el que había incurrido la revista. Al medio día del mismo jueves llegó la respuesta de Luciano Campos corresponsal del semanario en Nuevo León. “Por un error de este corresponsal, fue publicada en la página proceso.com.mx, junto con la nota informativa, una fotografía tomada de la cuenta de Facebook de Marlén Valdez Esparza, homónima de la fallecida. Ofrecemos una disculpa a la afectada y a quienes se sintieron agraviados por la publicación de la imagen” (Sic).
En el marco de la discusión del Art. 51bis y las libertades de prensa, valdría la pena reflexionar sobre los derechos de los ciudadanos en relación a publicaciones carentes del profesionalismo que deben guardar los medios de comunicación respecto a la identidad de las víctimas y la presunción de culpabilidad de los acusados.
Sinaloa tiene casos como el de Claudia Ochoa Félix, a quien los medios nacionales la señalaron públicamente como líder de una organización criminal sin obrar en su contra ningún señalamiento judicial. O el fatídico caso del Jesús Antonio Mendoza Benítez, mostrado públicamente por la autoridad municipal como presunto violador de mujeres en el centro de la capital sinaloense, cuya imagen fue difundida y etiquetada por medios locales como responsable de diversos delitos que no fueron acreditados, causando su liberación. Días después el inocente Mendoza Benítez aparecería asesinado en las inmediaciones del campo El Diez.

En el tema del respeto a la libertad de prensa y el derecho a la información, también valdría la pena se revise a fondo la violación de los medios de comunicación a los derechos humanos. Estoy convencido que se debe legislar en el estricto respeto a las garantías individuales de los ciudadanos y los periodistas, porque toda conducta que tenga implicación en la vida pública no puede dejarse al arbitrio subjetivo de la ética y las buenas prácticas. Luego le seguimos.

viernes, 15 de agosto de 2014

El remedio de lo irremediable


Jesús Rojas Rivera
                                          Viernes 15 de Agosto de 2014


“Un vídeo ha podido con lo que meses de acusaciones de corrupción no. Luis Alberto Villarreal, el polémico coordinador de los diputados de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN, de derechas) en la Cámara de Diputados, ha sido destituido del cargo por el dirigente del partido dos días después de la publicación de una grabación de una fiesta”. 

Así comienza una nota de Luis Pablo Beauregard para el periódico El País de España, y es que el escándalo por la “dipu-fiesta” ha trascendido más allá del atlántico. Prostitución, corrupción, tráfico de influencias, personajes vinculados con el narcotráfico: son palabras comunes en las múltiples notas que abarrotaron las planas de todos los rotativos, noticieros y sitios de noticias en México. El video presentado por Reporté Índigo, hizo un boquete en la estructura de Gustavo Madero Muñoz, líder blanquiazul.

En San Lázaro todos los legisladores representan un voto, pero no todos los diputados pesan lo mismo. Dentro de los grupos parlamentarios, hay de diputados a diputados, existen diferencias, rangos, categorías. Los más poderosos se agrupan en torno al poder del coordinador, cargo concesionado por el dirigente del partido que los postuló. El coordinador de una bancada es el representante del partido en la Junta de Coordinación Política, tiene el control del presupuesto del grupo parlamentario, lleva el mando en la agenda de los temas públicos en la Cámara, asigna las comisiones y sus titulares, administra viáticos y puede, en su caso, iniciar procesos de sanción para los diputados de su partido.     

De entonces la explicación de la fidelidad entre Villarreal y Madero, se agrupan en equipo, los une su amistad y los lían lazos de otros tipos que no se pueden romper como los nombramientos. Villarreal es un político cauto, sabedor de las reglas no escritas que prevalecen en política, tiene redes de influencia en cámaras locales, alcaldías y gobiernos estatales, se apoya en su brazo derecho que es también su amigo; un diputado no menos hábil para la operación política subterránea, hasta hace poco el dos en la estructura legislativa, el plurinominal consentido de la primera circunscripción: Jorge Villalobos, el diputado que ha ganado notoriedad en sus múltiples escándalos.   

Villalobos es un neo-panista, dueño de una trayectoria vertiginosa, de raudo ascenso a las cúpulas del poder en Acción Nacional. Autodefinido como un político con suerte, “al que se le alinean los astros”. Se jacta de sus influencias, alardea del poder que representa y las amistades que se agrupan en torno a su figura. No miente, es uno de los hombres más poderos al interior de Acción Nacional, liderazgo que ha trasladado a Sinaloa en donde encontró aliados y detractores, y en donde libra una lucha subterránea por los controles en el padrón de la militancia contra grupos más consolidados al interior del partido.

En noviembre del año pasado, Ignacio Niebla Aispuro dirigente municipal de Acción Nacional denunció actos de afiliación masiva al interior del PAN, implicaba directamente al diputado Villalobos. Lo denunciado en Culiacán se replicaba en todo el país, aduciéndose a un plan nacional de afiliación ante las nuevas reglas que la institución política aprobó para la conformación de sus dirigencias y la elección de sus candidatos. Todos los implicados en el video están en alianza y afinidad con la dirigencia nacional. 

Por eso, el cese del coordinador y vicecoordinador de los diputados del Acción Nacional golpea contundentemente la estructura de Gustavo Madero, pone en evidencia a uno de sus círculos de operación política más cercanos y deja exhibidos en el peor de los escarnios públicos a sus operantes más eficaces, sus futuros prospectos de continuidad en un proyecto político que tiene al Partido Acción Nacional en una crisis de identidad profunda. Difícil caso para México, la democracia ganaba más en los ideales de congruencia y rectitud de la institución, en el PAN que pugnaba por los valores del humanismo que solían tener las cúpulas del poder, y que ahora son únicamente una referencia histórica, legado de hombres valientes que formaron para la Patria lo que hoy se desmorona. Luego le seguimos. 

viernes, 8 de agosto de 2014

#51bis despertar del Cuarto Poder


Jesús Rojas Rivera
Viernes 8 de agosto de 2014

Comenzaré con una frase de Michel Foucault, filósofo de la nueva era francesa, excepcional teórico social: “Donde hay poder, hay resistencia al poder”. En ese sentido, en Sinaloa se sintió el poder de los medios de comunicación, al unirse en las consignas: #NoAl51bis o #LeyMordaza.

La reunión del 4 de agosto dejó para la posteridad una imagen importantísima en la vida pública de Sinaloa. Los medios de comunicación y periodistas –ese gremio generalmente desarticulado, poco cohesionado por las dinámicas propias de la profesión y los intereses de las empresas informativas— lograron acuerdos comunes para la exigencia a la derogación del artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Ante el evidente riesgo en el que se puso la libertad de expresión y con ello la labor de los medios de comunicación y sus periodistas, el gobernador se comprometió ante los principales líderes del gremio a dar marcha atrás en el artículo votado “sin querer” por la mayoría de los legisladores locales. En un acto sin precedente, el Ejecutivo tomó la responsabilidad del Legislativo, a mi juicio, principal responsable de la situación que se vive.

Endoso la responsabilidad al Poder Legislativo por ser un cuerpo colegiado que no debate, que no discute, que dejó de cumplir su papel en las funciones del Estado. Es un poder constituido parco y gris, que no representa el ideal democrático para el cual fue electo. Los diputados están dejando un vacío de poder que, en este caso, los medios de comunicación ocuparon.

Queda en evidencia que en Sinaloa la firma del gobernador tiene gran peso en las decisiones de legisladores de diversos partidos políticos. Eso no es malo, no es perjudicial para la democracia que el titular del Ejecutivo goce de un respaldo mayoritario entre los diputados. El problema radica en que todos los legisladores quieren ser afines al gobernador, abandonando la oposición crítica, inteligente e incidente que regula los contrapesos del poder político.

Los medios de comunicación mostraron su músculo. Dieron constancia local a la tesis de Edmund Burke sobre la influencia que ejercen contra las decisiones de poder político. Dejaron claro que existe pluralidad en los centros de poder –los medios el cuarto–  y relación de fuerzas entre ellos, aun que estos se agrupan fuera de las instituciones, con el riesgo que eso representa para toda democracia.

La marcha de ayer es válida y legítima en la representación de los interés del cuarto poder o el poder de los medios, ellos pusieron el título de “Ley Morzada” refiriendo no al cuerpo normativo que regula al órgano de procuración de justicia, sino al apartado 51bis que a toda luces mostró contravenir preceptos constitucionales.

Cierro con las reflexiones de Ignacio Ramonet, escritor y profesor de comunicación en la Sorbona de París, cuando se refiere a los medios de comunicación y a los periodistas como dos entes en coexistencia pero con fines distintos. Según Ramonet, en la nueva era los medios de comunicación buscan anunciar y vender, los periodistas informar, de ahí que la comunicación perdió poco a poco el sentido informativo y educativo, y por ello el periodismo pierde espacio en los medios masivos.

“Estamos en una era de información en la que ya no hay contenido, ya no interesa para nada, el contenido. La idea es precisamente vender, instalarnos en un mundo futurista.” dice el Director de la revista Le Monde Diplomatique especializada en temas de política internacional.

Sin duda, lo que Sinaloa ha vivido en estos días es un cisma de ruptura a la continuidad, un antes y un después en la organización del gremio periodístico y las empresas de la comunicación en nuestro estado, este fenómeno social no se puede entender sin la consideración de múltiples variables, una de las principales: el vacío de oposición en la Cámara local.


Al final me quedo con una duda: ¿Qué estaríamos discutiendo si el 31 de julio, la periodista Claudia Beltrán no se hubiera tomado el tiempo de leer lo que los diputados votaron? ¿Es que sólo ella hizo bien su trabajo? Luego le seguimos.

viernes, 1 de agosto de 2014

Las élites, la política y el poder

Jesús Rojas Rivera

Viernes 1 de agosto de 2014

El columnista Aarón Sánchez rector de la Universidad de Occidente escribió en sus “Ideas para el Cambio” una interesante opinión sobre el teorema de Baglini, que habla del comportamiento de los políticos respecto a la cercanía al poder. Sánchez nos expone el teorema cuya tesis central afirma que "el grado de responsabilidad de un partido o de un político es inversamente proporcional a su distancia respecto al poder”.

El teorema afirma que los políticos y los partidos se comportan institucionales, respetuoso de las instancias y busca argumentos que justifiquen, a toda costa, las acciones gubernamentales, siempre que estén cerca del poder. Si, por el contrario, están lejos, los actores políticos se comportan como críticos progresistas, asumen la defensa de las causas populares y se muestran dispuestos a promover alianzas con fuerzas políticas antagónicas entre sí.

Sobre lo dicho, no terminan de convencerme los postulados. Para aceptar el teorema de Baglini, debemos estar de acuerdo en que son los políticos o los partidos quienes se mueven en el escenario público bajo sus lógicas del poder. De entonces en su intrínseca valoración, deciden tomar la vía de las instituciones o confrontarse con ellas para marcar su cercanía o a su distancia al poder político.

Sin afán de complicar, creo que no son los individuos o los partidos quienes de forma unilateral toman esas decisiones. El estudio del comportamiento de las elites aporta al debate la posibilidad de entender el fenómeno desde una perspectiva social, histórica y regional distinta. Según Birle en su libro “Las Elites en América Latina” los elementos elitarios están presentes en la toma de decisiones de todo ente público. Son, según el autor, indispensables e inevitables en las relaciones del poder político.

En las ciencias, en la Economía, en la Administración, en los medios de comunicación, en la Iglesia y claro en la política, existen grupos de poder que no participan de manera presencial o directa en los procesos formales de las instituciones, pero ejercen influencia y poder sobre las decisiones de los políticos y de los partidos políticos. En este sentido Baglini limita su modelo a entender la decisión del actor y no su circunstancia, o mejor dicho, no las influencias que pesan de manera íntima, sobre él o los actores en cuestión.

Las aportaciones del politólogo italiano Gaetano Mosca ayudarían a entender las posturas de las que Baglini habla. Para Mosca las decisiones de poder político le pertenecen a un grupo restringido de personas que monopolizan los espacios públicos. Estas elites dan apertura y permiten las expresiones de grupos diversos de la sociedad dentro de sus controles y dominios, legitiman la acción en procesos democráticos, pero mantienen el poder institucional y meta-institucionalmente. Las decisiones de los actores políticos que describe Baglini en su teorema, no se sujetan al individuo sino a los intereses que persigue la elite que lo respalda, independientemente de la postura ideológica que pregone.

El sociólogo francés Vilfredo Pareto también nos aporta en esta discusión para aproximarnos al comportamiento de los que mandan y los que obedecen. En una descripción a manera de fábula, Pareto afirma que los hombres que buscan el poder son como leones y zorros, los leones tienen la fuerza para tomar el poder pero no la astucia para gobernar, mientras que los zorros tienen la astucia para ejercer el poder pero están a merced de la fuerza de los leones. Los zorros son  la clase política que maniobra, opera, se mueve, discute, acuerda, cambia de posturas y de ideologías para mantenerse en el poder. En ese sentido, si los zorros se alejan de la institucionalidad o no, no tiene mayor importancia en tanto que están jugando un rol para la subsistencia en la escena pública.


El tema que se propone cobra vigencia en Sinaloa cuando se dibuja en un futuro próximo la sucesión del gobernador. Las opciones son en realidad limitadas y previsibles, ante la fuerza que cobra un partido político con el respaldo del gobierno federal y una oposición incapaz de articularse, tendiente a una mayor  fragmentación de sus menguados liderazgos. Si la oposición no se agrupa ni toma con responsabilidad su papel, no quedará otra opción que administrar la derrota. Luego le seguimos.

La juventud no está dormida

Jesús Rojas Rivera

Viernes 25 de Julio de 2014

Mucho se ha escrito sobre la participación de los jóvenes en política. Las administraciones públicas de todos los niveles tienen oficinas de atención a la juventud. Los temas de juventud y mujeres son afiches de la agenda pública muy socorridos por los políticos en los discursos de campaña.

Los jóvenes de entre 15 y 29 años representan el 26 por ciento de la población en Sinaloa, poco más de 726 mil habitantes se encuentran en ese rango poblacional que la ONU describe como el proceso que se vive entre la infancia y la edad adulta, en donde se forman y arraigan los vínculos sociales que acompañarán al individuo durante toda su vida.

Para los expertos, cultura política y juventud son eslabones en la construcción de la democracia. Los jóvenes representan la esperanza para la transformación, son piedra angular en la construcción de la ciudadanía. Desafortunadamente, por descarado capricho, la clase política dificulta que estos puedan incidir en la agenda pública.

Los institutos de la juventud, son en su gran mayoría, elefantes blancos que albergan a los jóvenes consentidos de los gobernantes en turno. Diseñan sus planes y programas desde una visión parcial e incompleta de la problemática persistentes en los jóvenes. Plantean una homogeneidad inexistente en la conformación de un grupo social diverso en su género, nivel socioeconómico, cultura, vulnerabilidad e intereses.

Esta diversidad los aleja de la participación ciudadana. Los jóvenes se mueven y se agrupan lejos de las instituciones, porque los políticos dejan ver su miedo a la juventud políticamente organizada. Los partidos políticos, instituciones de interés público, tienen los espacios y los membretes para los jóvenes, las cuotas para los cuates o los hijos de los políticos renombrados. Los jóvenes militantes y simpatizantes en los partidos políticos son una minoría respecto de los cientos de miles que aborrecen y rechazan la política, o lo que entienden de ella.

Poco después del paso del huracán Manuel, conocí a un grupo de jóvenes que se ganaron mi respeto y simpatía por su manera de organizarse más allá de las instituciones y los partidos políticos. En cuestión de horas luego de terminado el meteoro, iniciaron trabajos de rescate y limpieza de espacios públicos, se organizaron en brigadas y montaron centros de acopio. Las redes sociales fueron su efectiva herramienta de comunicación.

Desde entonces, estoy en contacto con algunos de ellos. Pasada la contingencia muchos regresaron a sus actividades escolares o laborales, otros se agruparon en partidos políticos y los menos se quedaron trabajando en la atención de temas sociales desde organizaciones de la sociedad civil.

Esos mismos jóvenes me presentaron una idea con un proyecto de acción concreta. Lo titularon “Centro de Investigación para la Atención a la Juventud”. Estudié sus esquemas, plataformas y propuestas, y confieso que me dibujaron una gran sonrisa y me devolvieron la confianza en la juventud sinaloense, que en últimas fechas nos ha mostrado su rostro solidario y participativo.

La propuesta, puntual y práctica, plantea como eje rector la investigación para la creación de políticas públicas hechas por jóvenes que incidan en la agenda de los gobiernos en cuestiones inherentes a la juventud. Esto con el apoyo de investigadores, docentes y ciudadanos que tengan interés en las causas de los jóvenes, sin fines partidistas. Se declaran plurales y abiertos a recibir propuestas e ideas de cualquier afinidad ideológica siempre que comulguen con los valores democráticos.

Si los gobiernos y los partidos políticos se han olvidado de ellos, la juventud no paga con la misma moneda. Si el gobierno no los atiende y no cumple con sus expectativas, ellos se abren camino desde la participación ciudadana en la construcción de la agenda pública, y eso, en la democracia, se llama construcción de la ciudadanía efectiva.


Los jóvenes no se han olvidado de su responsabilidad social e histórica. Felicito y abrazo la propuesta de estos sinaloenses que dejan es su esfuerzo constancia de trabajo para quitarse el mote de “generación perdida”. Les exijo como ciudadano perseverancia en su lucha para elevar la calidad democrática de nuestro estado y me pongo a sus órdenes para avanzar en los esfuerzos comunes. Qué orgullosos debemos estar todos porque, en Sinaloa, la juventud no está dormida. Luego le seguimos.

Ley sin efecto, minusvalía gubernamental

 Jesús Rojas Rivera

Viernes 18 de julio de 2014

Hace ya 14 años, se votó en el Congreso local una iniciativa “de avanzada”, que pretendía la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad. Un complemento a las disposiciones en materia de salud para el apoyo a las personas con restricciones, pérdida temporal o permanente de sus capacidades para realizar alguna actividad.

Toda sociedad que se inscriba en la democracia, debe contemplar posibilidades de desarrollo equitativas e igualitarias para sus integrantes, sin importar su género, ideología política, credo, color de piel, oficio, nivel socioeconómico o capacidades. Sinaloa posee 2 millones 767 mil 800 habitantes, de ellos poco más de 102 mil viven con algún tipo de discapacidad neuro-motora, auditiva-lenguaje, visual, intelectual o múltiple.

Es por pocos conocido que nuestra legislación local existe una Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad que busca, al menos en el papel, promover programas y acciones tendientes a la solución de problemas que afecten a los ciudadanos con discapacidad, con la finalidad de integrarlos al desarrollo económico, laboral, político, educativo, cultural y deportivo.

La mencionada ley es letra muerta, poco influye en los criterios de los hacedores de políticas públicas en nuestro estado. La autoridad se muestra omisa y laxa al mandatar el cumplimiento en las disposiciones de un cuerpo normativo vigente, que debería en teoría, regir en el ámbito de su competencia.

Entre otras disposiciones la ley en cuestión, obliga al gobierno estatal a promover que las nuevas construcciones realizadas por los sectores público, privado y social, con fines de uso comunitario, trátese de servicios administrativos, recreativos o de cualquier otra naturaleza cuenten con infraestructura que permita el acceso y la movilidad de personas con discapacidad.

Los ayuntamientos por su parte incumplen la ley en tanto que están obligados a conservar en buen estado, libres de tierra, piedras, arena o cualquier otro material, las rampas construidas en aceras, intersecciones o escaleras de la vía pública, así como promover que en los estacionamientos públicos haya los espacios necesarios para el ascenso y descenso de personas con discapacidad. Además de promover, coadyuvar y vigilar la defensa de dicho grupo prioritario.

A los políticos y funcionarios les gustan las fotos, sobre todo, si con ellas conmueven a sus electores. Constantemente posan sonrientes junto a personas con discapacidad, tienen un gusto enfermizo por regalar sillas de ruedas, muletas y andaderas. Altruistas de ocasión, suelen atender las necesidades de las personas con discapacidad en un absurdo esquema de dadivas y obsequias.

Irreflexivos ante su responsabilidad, no han caído en cuenta de que la mejor manera beneficiar a ese grupo vulnerable es cumpliendo la ley. Respetar a nuestros hermanos discapacitados obliga entenderlos iguales en derecho, y prohíbe verlos con ofensiva lástima. Las rudimentarias políticas paternalistas tomadas por algunos alcaldes y sus funcionarios, exhiben la mediocridad política y el desconocimiento de un tema fundamental para los buenos gobiernos, los gobiernos incluyentes.


Las personas con discapacidad son ejemplo de valor y superación en una sociedad acostumbra a lo fácil. Son hombres y mujeres que contagian la alegría por la vida. Desde este pequeño espacio mando un saludo a mi amigo Aarón Hermosillo, amputado en un accidente automovilístico, basquetbolista y futbolista con discapacidad, seleccionado sinaloense en varias disciplinas deportivas, padre de familia responsable, de quien he aprendido mucho de lo poquito que sé sobre las personas con capacidades distintas. Luego le seguimos.

De cuentos y cuentas públicas

Jesús Rojas Rivera

Viernes 11 de Julio de 2014

El 19 de de junio pasado, Antonio Vega Gaxiola tomó protesta como auditor superior del estado. En su envestidura lleva una de las responsabilidades más grandes para el funcionamiento de las instituciones en Sinaloa. Fue electo responsable del órgano técnico cuya tarea es la revisión y fiscalización de las cuentas públicas del Gobierno del Estado, las paraestatales y los municipios. Es el contralor, el garante del sano ejercicio en el gasto de los recursos que los ciudadanos pagan.

Marco Antonio Fox, se había ganado poco a poco el respeto y la admiración de la ciudadanía haciéndole honor al cargo que envestía. Su lamentable deceso no pudo llegar en peor momento para el ejercicio del contrapeso que representa la rendición de cuentas. En los días cercanos a su accidente, la Auditoría Superior del Estado comenzaba el estudio de las cuentas públicas correspondientes a los cierres de ejercicio en las administraciones municipales, dicho sea de paso, donde históricamente se ventilan más observaciones, por la desafortunada costumbre municipalista llamada “el año de Hidalgo”.

La Auditoría analiza, estudia, valora y consigna lo referente a los ejercicios financieros del los organismos públicos; ingresos y egresos, gasto corriente, cuentas fiscales, bienes muebles, activos, inmuebles, pasivos, en general todo el patrimonio que es de nosotros los ciudadanos y lo tienen ellos, los políticos, para el ejercicio de su función gubernamental. El Auditor no señala si los gobernantes hicieron bien o mal su trabajo, únicamente dice si el gasto público fue ejercido en apego a la ley o no, dando elementos técnicos a los diputados para la valoración del punto medular en todo ejercicio de gobierno: la cuenta pública.

Las cuentas públicas son el insomnio de los malos políticos, “el coco” de las administraciones chuecas, el talón de Aquiles en la corrupción, es el lazo vinculatorio en el ejercicio del gobierno y la rendición de cuentas. La cuenta pública tiene como propósito comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos durante un ejercicio fiscal, se ejercitaron en términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Posterior al análisis, la Auditoría remite un documento a manera de informe a los diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización, donde se realizan de manera puntual las observaciones encontradas en la revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente.

El análisis, la interpretación y el sentido del voto sobre la aprobación de las cuentas públicas queda estrictamente en manos de los diputados. Las observaciones de la Auditoría sobre las cuentas públicas son valoradas y juzgadas por los legisladores, ellos son los únicos que pueden abrir la puerta para las sanciones mayores a los malos gobernantes.

En las cuentas públicas que vienen están los casos lamentabilísimos de los bonos de final de trienio, del desvío de recursos de cuentas federales a cuentas privadas, de la adquisición de camionetas de lujo que desaparecieron de los inventarios, del pago a proveedores con recursos etiquetados a programas federales, del endeudamiento adquirido sin consulta al legislativo, de la retención ilegal de ISR a trabajadores municipales, del pago de indemnizaciones, liquidaciones y horas extras a funcionarios fuera de toda legalidad, la inversión de fondos públicos en instrumentos de deuda y el desvió de las ganancias obtenidos en las transacciones. En fin, todas las aberraciones administrativas que usted pueda imaginar, la ASE lo acredita en las observaciones, que muchas veces, no merecen ni la lectura más superficial de los diputados.

Lo verdaderamente increíble, es que, ante las contundentes pruebas presentadas por la Auditoría, las sanciones para los desfalcadores del erario lucen por su ausencia. Tal vez la explicación a este oprobio fiscalizador se encuentra en un dicho muy socorrido en mi pueblo: “para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo”, porque desafortunadamente, la fiscalización gubernamental en nuestro estado siempre ha sido más cuento que novela. Luego le seguimos.

Seductoras dictaduras

Jesús Rojas Rivera

Viernes 4 de Julio de 2014

Imagine usted una sociedad igualitaria, donde todos tengan acceso a servicios salud pública, trabajos bien remunerados y una calidad de vida óptima. Donde se reivindiquen los derechos sociales y se garantice la igualdad entre todos los nacionales. Bajo esos preceptos se fundaron las dictaduras más sangrientas de las que tenga memoria la Humanidad.

En las dictaduras, el poder político lo ejerce una persona o un grupo de personas al margen o por encima de las leyes, sin necesidad de rendir cuentas, ni sujetarse a los contrapesos de poder. Generalmente las dictaduras pretenden o invocan el interés público y la solución a los problemas comunes mediante la aplicación de modelos económicos radicales y la restricción o supresión gradual de las libertades individuales.

Para el reconocido politólogo Norberto Bobbio, quien presenta un esquema conceptual de la dicotomía de los términos en la Ciencia Política, la antítesis de la democracia es la dictadura. Es decir, todo aquello que atenta contra las libertades, el disfrute de los derechos de los ciudadanos y las instituciones sujetas estrictamente a la norma constitucional y legal.

Los dictadores seducen con sus palabras, dibujan sonrisas en quien los escucha, suelen ser excepcionales oradores, grandes maestros de la falsaria. Líderes que arrastran seguidores que terminan convirtiéndose en fanáticos al grado de idolatría.

Benito Mussolini, el Duce, varias veces intentó llegar al poder desde las filas del Partido Socialista Italiano. Tomó por bastión los medios de comunicación y desde sus desafiantes columnas planteó con rebeldía un nuevo orden social. Ganó simpatías y generalizó las ideas del fascismo, ideología que le generó un número significativo de adeptos denominados “camisas negras” con los cuales se hizo del poder en 1922.

Adolfo Hitler fue un líder amado en la Alemania de los treinta, llegó al poder con el apoyo del Partido Nacionalista Obrero Alemán, igual que otros dictadores era un elocuente orador que no tardó en ganar simpatías con sus atinados discursos. Prometió en sus campañas impulsar un nuevo orden de justicia e igualdad para los alemanes naturales del pueblo germánico. Mediante la exaltación del antisemitismo y anticomunismo unió a los alemanes con un programa de propaganda de probada eficiencia.

Durante el gobierno nazi que encabezó, eliminó a más de 6 millones de personas en su mayoría judíos. El genocidio más grande del que se tenga conocimiento en la historia de la humanidad lo ordenó un hombre sin límite de poder, con el respaldo de un pueblo adoctrinado y fanatizado con ideas de bienestar y progreso, sumadas a un odio racial por todos aquellos diferentes a los suyos.

Del mundo moderno Lenin el hierro comunista, Stalin el playboy georgiano, Mao el tigre asiático, Francisco Franco el autócrata español, Pinochet el rastrero de la Moneda, Fulgencio Batista el todopoderoso cubano depuesto por Fidel Castro quien al tiempo también se volvería dictador, Saddam Hussein el represor iraquí, Mubarak el nuevo faraón del Egipto, Gadaffi el socialista islámico, Videla y Perón los argentinos autócratas, Manuel Antonio Noriega el totalitario de Panamá, los Somoza de Nicaragua, Tiburcio Carias el asesino hondureño, José Antonio Paéz el secuestrador de Venezuela y el siempre nuestro don Porfirio Díaz. Entre otros.

Resulta increíble que a pesar de la sangrienta evidencia que nos ha dejado en la Historia el fantasma de las dictaduras, jóvenes mexicanos tengan afinidad por dichas ideologías. Tal vez sea como dice un colega politólogo que; “Los atrae la elegancia de sus uniformes, su disciplina castrense, el glamour de sus condecoraciones, lo regio de la vida que proyectan junto con su ideología combativa, romántica y seductora, de ahí lo atractivo para una juventud que navega sin sentido del mundo ni de su historia, atrapada en un relativismo amorfo, donde la ideología política de su patria, de su partido, religión o sociedad, no le dan alicientes ni certeza existencial para interpretar el mundo y su circunstancia”. Luego le seguimos.

El fracaso de un alcalde ausente, corajudo y sin nombre.

Jesús Rojas Rivera

Viernes 27 de junio de 2014

Escuinapa es un municipio pequeño en la frontera sur de nuestro estado. Tiene 54,000 habitantes más los que se acumulan en la temporada agrícola, la mayoría jornaleros que atiende labores en los campos fértiles del valle.

Aproximadamente 1,300 nacimientos y 300 defunciones al año. Un pueblo apacible, pintoresco, caluroso, terregoso, endeudado en sus finanzas públicas y poseedor de una de las nóminas gubernamentales más grandes de Sinaloa, en proporción con el número de su población económicamente activa (casi 30 burócratas municipales por cada 100 trabajadores en distintos sectores).

Las necesidades de su población lo ubican como uno de los municipios con mayores índices de marginalidad en nuestro estado, con alto déficit de vivienda y trabajo, con desastrosos números en materia de desarrollo humano. Se podría decir que Escuinapa es el pueblo perseverante que nunca cambia, que se mantiene en la esperanza de la transformación que no llega, ni llegará en éste trienio.

En próximas fechas se cumplirá un año de la elección del alcalde, los contundentes resultados dieron muestra de que la ciudadanía estaba desencantada del gobierno en turno y la opción política del entonces partido gobernante no convenció a los intereses de un electorado que tenía ganas de creer en que se podía “escuchar para gobernar” eje articulador de la propuesta vencedora.

A pocos meses de iniciado el periodo de gobierno del alcalde, diversas voces se hacen eco para denunciar sus constantes ausencias y la falta de atención a la ciudadanía. El presidente poco despacha en su oficina, cuando lo hace es con la puerta cerrada y es más fácil encontrarlo en su empresa que en el ayuntamiento, afirman.

Algunos periodistas locales han optado por llamarlo el alcalde “sin nombre”, en referencia a una entrevista llena de alusiones personales dirigidas a compañeros de esta casa editorial con quienes me solidarizo extensamente. El alcalde ha emprendido una cruzada de injurias y denostaciones contra quienes no han aceptado las obsequias y prebendas que pactan el silencio contra su administración fallida. Ha tomado el comportamiento típico del gobernante sordo y falto de criterio que tanto criticó en campaña.

El presidente municipal sin nombre, también ha faltado a su palabra. Intenta aminorar la crítica asegurando que sus reiteradas ausencias son para buscar recursos, piensa que la ciudadanía tiene ganas de ser engañada, que sus inasistencias son perdonables en el “correteo” de presupuestos federales, como si la ciudadanía no supiera que todo recurso presupuestal se ejerce por presupuesto no por ocurrencia petitoria.
El mencionado no ha sido capaz de articular una plataforma de gobierno eficiente, no ha podido con la responsabilidad que le enviste, no ha dado resultados al electorado que lo eligió en contundencia, no ha podido salvar ni la mínima parte de sus múltiples compromisos de campaña. El temprano reacomodo de sus colaboradores en puestos clave, marca que no le salen bien las cuentas y que está preocupado por un arranque fallido, que no termina de convencer socialmente.

Pero lo más peligroso: se muestra cada vez más insensible a la crítica, intolerante al escarnio público, al reclamo social. Los visos de autoritarismo que se dibujan en la municipalidad son de atención urgente. Los alcaldes no deben gobernar por capricho, no deben guardar rencores y no deben olvidar nunca que el cargo dura tres años.

No culpe, señor alcalde, a los trabajadores de los medios que cumplen la responsabilidad de informar sobre sus aciertos y sus errores. No culpe, señor alcalde, a quienes se ganan honestamente la vida en un oficio difícil como el periodismo. No culpe, señor alcalde, a quienes no corresponde a sus rudimentarias formas de gobierno ni a sus cavernícolas desplantes contra la opinión pública que se resiste a entregar la dignidad porque no se han puesto precio, ni se pondrán, porque debe usted saber señor alcalde, que no todo lo puede comprar la nómina o el dinero. Pero sobre todo, señor presidente, tenga en cuenta que si en algo le podemos servir para la mejora sustancial de las instituciones públicas municipales en franca crisis, estamos a sus órdenes. La historia nos ha demostrado que en política se gana más en el acuerdo oportuno que en disenso constante. Luego le seguimos.

Transparencia reprobada

Jesús Rojas Rivera/Politólogo.

Viernes 20 de junio de 2014

La transparencia y la rendición de cuentas son reflejo de la calidad democrática prevalente en una sociedad, tienen que ver con la creación de los organismos e instituciones públicas para aceptar un sistema de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder. En una democracia, la rendición de cuentas es una condición obligada de las instituciones que reciben recursos públicos y es, además, un principio de interés común que permite a los ciudadanos conocer de la cuestión pública para poder evaluarla.

En este sentido, transparencia refiere a una cualidad de actuación o de conducta respecto de los comportamientos de los actores públicos para brindar información clara, precisa y gratuita sobre el gasto e implementación del recurso público, partiendo de que la información permite mayores condiciones para la vigilancia efectiva y la evaluación de los gobiernos.

Los esfuerzos por elevar la calidad de transparencia son impulsados mayormente por organismos no gubernamentales. Evidentemente, el interés efectivo por la mejora sustancial del acceso al derecho humano de la información, predomina en la sociedad más que en el gobierno. Muchas veces los órganos garantes de la transparencia son figuras decorativas, incapaces de comportarse a la altura de las demandas ciudadanas.

A principios de semana, la organización no gubernamental denominada Iniciativa Sinaloa presentó los datos que arroja el Índice del Derecho al Acceso a la Información en México, IDAIM, estudio realizado por FUNDAR, organización nacional que busca contribuir al desarrollo social fortaleciendo organizaciones de la sociedad civil mediante la profesionalización y el desarrollo de sus capacidades.

Los datos que arroja el IDAIM sobre nuestro estado llaman a la reflexión profunda. Sinaloa se encuentra en el lugar 23 de las 32 entidades federativas, es decir, está por debajo de la media nacional y ubicada entre los peores de México en temas de transparencia. El índice considera la evaluación de 196 criterios agrupados en tres variables: a) diseño normativo, b) diseño institucional y c) procedimiento de acceso a la información pública y obligaciones de transparencia. La evaluación nos reprueba contundentemente, con dificultad alcanzamos un ingrato 5.1 en relación a las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia.

Dentro de los indicadores observados que destacan los criterios negativos en la evaluación, resaltan aquellos que versan sobre el órgano garante, sobre la institución encargada de hacer valer el derecho ciudadano a la información. Desde la elección de su titular, hasta la resolución de sus conflictos internos, pasando por su estructura organizacional. Uno de los cambios profundos que se deben poner sobre la mesa de las discusiones en materia de transparencia en Sinaloa, está sin duda en la CEAIPES, organismo público que nos cuesta a los sinaloenses aproximadamente 18 millones de pesos al año.

Y digo aproximadamente, porque al hacer una revisión del presupuesto asignado a la dependencia en su portal de internet www.ceiapes.org.mx/informacion-financiera consultada ayer (19/06/14), no constan datos sobre los ejercicios de sus presupuestos posteriores a 2012, tampoco la relación de gastos a partir de 2011, los servicios de celular, los gastos de difusión, viajes, comidas, facturas y estados financieros. Es decir, el órgano garante en Sinaloa es candil de la calle y oscuridad de la casa, los datos mínimos no se encuentran debidamente actualizados. Los comisionados, sus secretarios, directivos y jefes de unidades se encuentran velando el sueño de los justos, dando una muestra clara que su convicción no es el ejercicio pleno de la transparencia.

Bien merecida tenemos la calificación reprobatoria, vergüenza les debería de dar a los integrantes de una Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dormida en la comodidad de sus sueldos, aletargados en frescor de sus aires acondicionados y la privanza de sus lujosas oficinas estilo minimalista.

¿Con que calidad moral pude exigir el órgano garante de Sinaloa, se respeten los principios de máxima publicidad en nuestro estado, si ellos mismos nos son capaces de actualizar los más elementales datos de su oneroso gasto?¿Tiene usted confianza en la CEAIPES? Yo, sinceramente, deje de tenerla por los asomos de su incongruencia. Luego le seguimos.

Los niños jornaleros del campo sinaloense

Jesús Rojas Rivera/Politólogo.

Viernes 13 de Junio de 2014 

Año tras año, más de cuatrocientos mil jornaleros agrícolas llegan de diversos estados a trabajar en los campos de cultivo sinaloenses. La pobreza y falta de oportunidades en su tierra, los obliga a peregrinar por un empleo, fuente única de ingreso para la manutención de sus familias. Gran parte de los jornaleros agrícolas que se instalan en nuestro estado viajan con sus familias, quienes también trabajan en labores del campo. Un tema alarmante en estos ciclos migratorios está en la contratación de mano de obra infantil.

Según la UNICEF el 44% de las hogares de jornaleros agrícolas tienen al menos un niño o niña trabajador. Cuyo ingreso representa un 41% extra en el ingreso familiar, es decir, si el jornalero agrícola y su esposa ganan $120 pesos por día laborado, el trabajo de un hijo le representa $49 pesos extra al día.

El trabajo infantil es un tema difícil de erradicar, responde a condiciones culturales, los padres de los niños jornaleros agrícolas crecieron trabajando en el campo, pasaron su infancia en los surcos del sembradío. Para ellos el trabajo infantil es una obligación del hijo con la familia, es parte de sus costumbres y representa ingresos para tratar de mitigar las necesidades en su pobreza extrema.

Por otro lado, está la demanda laboral. Algunos dueños de campos agrícolas enterados de las condiciones de sus trabajadores migrantes, contratan mano de obra infantil, la pagan casi por mitad, argumentando que el trabajo de un infante no es equiparable con el de un adulto, explotan el trabajo de los niños violentando lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y los tratados internacionales que salvaguardan los derechos de la infancia.

Sinaloa celebró ayer el día mundial contra el trabajo infantil con una cifra alarmante, la organización internacional para la protección de los derechos de la infancia Save the Childrens, calcula que en nuestro estado son alrededor de 100,000 niños los que trabajan en diversa sectores productivos, en su amplia mayoría en actividades relacionadas con la agricultura.

Muchas son las voces que se expresan contra el trabajo infantil, pocas son los compromisos para atender este lastimoso fenómeno social. Los niños en Sinaloa no deben estar en los campos agrícolas, deben estar, según su edad, en las escuelas o en guarderías seguras. Nadie menor de 14 años debe estar trabajando, y quien permita o contrate mano de obra infantil debe ser sancionado con todo el rigor de la ley.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos aclara que en las condiciones de trabajo para los jóvenes de 14 a 16 años, se deben garantizar jornadas de seis horas, vigilando estrictamente que los trabajadores tengan total acceso a la salud y la educación. Además, por ninguna circunstancia se podrá emplear niños o jóvenes en trabajos que pongan en riesgo su integridad física o psicológica.

Las políticas públicas para la atención de los niños trabajadores, en particular los agrícolas, han probado ser insuficientes e ineficientes, toda vez que, tal como lo señalan las organizaciones internacionales, la cantidad de niños en el campo se incrementa de manera alarmante.

La Organización Mundial del Trabajo, propone medidas encaminadas para erradicar el trabajo infantil, pide a los gobiernos entender el fenómeno social y atenderlo en su dimensión común. Si los niños trabajan es por dinero, no por gusto. Por ello proponen la creación de programas de transferencia en efectivo o en especie, que mejoren las condiciones de ingreso de las familias que tienen a los hijos laborando, que faciliten y obliguen el acceso a la educación y la atención en la salud de los mismos.

Éstas mismas políticas las llevan organismos como Save the Children, siendo una organización no gubernamental sus voluntarios hacen el mayor de los esfuerzos ante la franca desatención del tema abandonado por los gobiernos. Como sociedad debemos exigir juntos la protección de los derechos de la infancia, porque ellos, los niños jornaleros agrícolas, merecen una oportunidad distinta. Porque nadie puede estar satisfecho sabiendo que existen niños y niñas encadenados a un futuro repetitivo de marginación y abuso. María Montessori decía que: “La ayuda y la salvación del mundo solo puede ser a través de los niños, porque son los niños los creadores y transformadores de la humanidad”. Luego le seguimos.

Casino Culiacán


Jesús Rojas Rivera/Politólogo.
Viernes 6 de junio de 2014

La ciudad se llena de tragamonedas, la autoridad federal persigue, la municipal se corrompe. Hace días llamó mi atención un grupo de jóvenes ludópatas vestidos con uniformes escolares de bachiller, que alegremente se divertían apostando en una máquina tragamonedas en conocida y céntrica colonia de la capital.

Esperé y observé, mientras ellos depositaban diversas cantidades que, conforme se elevaban las apuestas sus emociones, gritos y algarabías hacían lo propio. La diversión era contagiosa, la juventud suele envolver en sus bullas y bromas a quienes observan sus lúdicas actividades.

Las apuestas y los juegos de azar tienen reglamentación clara. En México la norma que regula dicha actividad tiene rango de ley, se llama Ley Federal de Juegos y Sorteos y prohíbe las apuestas; cosa que en Culiacán se permite con la corrupta complacencia y permisividad alcahueta de las autoridades municipales.

En dicha Ley queda estrictamente prohibido los jugos de azar y juegos con apuestas, de total certidumbre las maquinitas tragamonedas que se encuentran por toda la ciudad son ilegales, salvo las permitiditas por la Secretaria de Gobernación en lugares acondicionados para tales fines mismos que cubren las características de un Casino.

Posterior al evento de los jóvenes apostadores, puse particular atención en mis recorridos por las calles de Culiacán. No es una exageración asegurar que prácticamente en todas las colonias del municipio existen máquinas tragamonedas a la vista de usuarios y autoridades.

Mi curiosidad me llevó a preguntar a los dependientes de varias tiendas de abarrotes, donde existen las mencionadas máquinas de apuestas, sobre el funcionamiento del negocio. En palabras llanas coincidieron en que es un esquema 40-40-20. Cuarenta por ciento de las apuestas acumuladas para el dueño de las máquinas, cuarenta para el dueño del local y veinte para los “permisos” de la autoridad municipal.

Coincidieron también en que las autoridades federales las incautan, se las llevan confiscadas pero no cierran los comercios o locales, solo aperciben a los dueños de no tener dichas máquinas en sus negocios por ser ilegales. El artículo 8 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, dice que la autoridad federal clausurará todo local abierto o cerrado donde se efectúen juegos prohibidos que no cuenten con la autorización legal correspondiente.

Los riesgos de los juegos de azar están en los vicios que se generan socialmente, la ludopatía es un impulso irreprimible de jugar y correr apuestas, donde el único ganador será el dueño de la maquina tragamonedas cuya programación generalmente entrega el del 5 al 10 por ciento de lo depositado, en rangos aleatorios.

La ludopatía es un riesgo social, encierra círculos de violencia y crisis económicas en las familias. Según la Organización Mundial de la Salud, el 20 por ciento de los ludópatas tienen tendencias suicidas y el 90 por ciento de los que presentan dicha enfermedad, dilapidan el patrimonio de sus familias. Se calcula que en México la ludopatía crece de manera acelerada y alarmante, las autoridades están obligadas en atender jurídicamente el tema. La permisividad y la corrupción  no es un asunto menor.

Los dueños de las maquinas prueban suerte en diferentes ciudades. Poco a poco, dentro de un plan bien definido, dejan sus aparatos en diversos municipios de México, donde encuentran el cobijo de la autoridad municipal se instalan y trazan complejas redes de operación. Contactan a funcionarios públicos y ofrecen dinero, mucho si “jala” bien el negocio.

Todo este modus operandi fue documentado en un caso lamentable en la municipalidad de Tonalá, Jalisco. Allí, el Alcalde Jorge Vizcarra fue desaforado para enfrentar la acusación de la PGJE de Jalisco por su presunta participación en el asesinato de Carlos Romo Guízar, director de Mejoramiento Urbano del municipio en 2007.


El móvil del  crimen fue la operación ilegal de máquinas tragamonedas, y en la averiguación previa se describen las formas de operación y los alcances económicos que tienen los promotores de estos juegos de azar. Tonalá en 2006 y 2007 se convirtió en un casino, entonces allá, como hoy acá, era común observar las maquinas por toda el municipio. El afamado contrabandista de Chicago, Al Capone dijo en sus memorias; “Es claro que en los negocios de los vicios los gobernantes corruptos siempre ganan millones, porque para trabajar con millones, no podemos hacerlo a escondidas de la autoridad”. Luego le seguimos.

Cobarde ataque

Jesús Rojas Rivera/ Politólogo.

Viernes 4 de Abril de 2014

Como en los viejos tiempos; entre el impreciso móvil de la delincuencia vulgar y el atentado directo contra los medios de comunicación, entre la indignación del ataque y la impotencia de estar a merced de los delincuentes. Los ciudadanos debemos exigir justicia para que se consigne a los responsables en la comisión de los delitos en contra de Adrián López, Director General de Noroeste.

El cobarde ataque del que fue víctima el director de éste rotativo, debe ser aclarado a fondo, en toda la extensión de las suposiciones que genera. Noroeste ha vivido un clima de hostigamiento y persecución en el que ninguna autoridad ha sido capaz de poner un alto.

A Noroeste le han atacado repartidores, les han golpeado reporteros, les han amenazado personal, han allanado casas de directivos, le han atacado oficinas y ahora, en un hecho nublado por la especulación, atacan a balazos, en un aparente robo, a la columna vertebral del diario de circulación estatal.

La libertad de expresión está en riesgo en Sinaloa. Las autoridades no han sido capaces de responder a las exigencias de justicia. Los múltiples delitos cometidos contra periodistas en el estado se encuentran en total impunidad.

Sinaloa es un lugar peligroso para ejercer el periodismo. Comparte índices con el  Veracruz de Javier Duarte, donde se ha puesto en duda la vocación democrática del gobernador para la solución de los crímenes perpetrados contra periodistas y medios de comunicación.

En un asunto tan grave como el presente, no se puede lanzar acusaciones ligeras e imprudentes, aquí los culpables los debe determinar la autoridad, se deben presentar a los responsables ante los tribunales para que sea un juez quien los sentencie y en su caso, se pongan tras las rejas. Pero también, en virtud del mismo espíritu de justicia, se debe garantizar inmediatamente, la seguridad de todos los periodistas para el ejercicio libre de su profesión.

Uno de los principales indicadores para la evaluación de las democracias está justo ah; en la posibilidad del disfrute y ejercicio de la libertad de expresión, derecho fundamental de todo individuo para expresar ideas de cualquier índole. En Sinaloa no podemos permitir que los ataques contra periodistas  sean cobijados en la impunidad de un silencio cómplice.

Todos estamos obligados a exigir a las autoridades el esclarecimiento de éste y todos los delitos cometidos contra la libertad de prensa. La autoridad tiene la tarea complicada de demostrar su compromiso con la libertad de expresión y con el derecho a la información en la contundencia los hechos y no en la superficialidad de los dichos.

Según los clásicos y estudiosos de los gobiernos, la justificación de su existencia versa en tres puntos medulares e irrenunciables. 1) El respeto a todos derechos de los individuos, 2) La salvaguarda en la integridad de la persona humana y su patrimonio, 3) La solución a los problemas comunes.  El gobierno que no atiende alguno de estos tres puntos fundamentales, es un gobierno fallido, ocioso e incapaz. La naturaleza de todo gobierno está en la legitimidad que tiene con sus gobernados, si los ciudadanos no sienten garantizados el goce y disfrute de sus derechos, se corre el peligro inminente de la ingobernabilidad.

Hoy Sinaloa está en los ojos de México, más de 40 diarios en todo el país están hablando del ataque contra el director de Noroeste, periódico independiente que goza de gran prestigio nacional por su postura editorial valiente y congruente. No tardarán los medios internacionales y las organizaciones mundiales en pro de los derechos de libertad de expresión en emitir, de nueva cuenta como lo hicieran hace un mes, comunicados respeto a los riesgos inmanentes del ejercicio del periodismo en Sinaloa.


Desde mi pequeño espacio reitero total solidaridad con Adrián López y su familia. Le hago expresa mi admiración en el peligroso ejercicio que realiza. Me sumo a la condena de los actos que pusieron en peligro su vida y le deseo pronto alivio a sus heridas. Recupérate Adrián para poder tomarnos ese café pendiente, para poder soñar en la construcción de un Sinaloa más justo, más transparente, más seguro, más digno. Un abrazo a todos mis amigos de Noroeste, estoy con ustedes en estos momentos difíciles. Luego le seguimos.

La corona de la reina

Jesús Rojas Rivera/ Politólogo.

Viernes 28 de marzo de 2014

La corona de la reina no tiene brillantes, no pesa en quilates, no la diseñaron en Milán, la corona de la reina es generalmente parca, de oropel y fantasía.  La corona puede sencilla, la reina jamás.

En Sinaloa nos gustan las competencias de belleza, los certámenes comienzan desde la infancia. El camino, la preparación de las reinas tiene su origen en casa, ser la más bonita es una obligación inculcada por los padres, que llega a convertirse en una consigna de vida.

“Las feas tienen suerte, las bonitas no la necesitan”, “Las más bonitas atrapan marido rico”, “La belleza es llave de mil fortunas”, este tipo de frases, poco a poco, van construyendo la personalidad de nuestra infancia. La competencia frívola, obliga al aprendizaje del maquillaje antes que las tablas de multiplicar, a combinar los tonos de la paleta del maquillaje antes que la conjugación correcta de los verbos.

En nuestro estado, espacios de competencia para medir la belleza habrá muchos durante toda la vida. Las niñas podrán participar en certámenes escolares desde el kínder hasta la universidad, en las fiestas patronales, en los festejos ejidales, en los carnavales, en los medios masivos de comunicación, en agrupaciones gremiales, sindicales y grupos de la tercera edad, en todo.

La competencia por la belleza no es exclusiva de grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad económica, también las hijas de los ricos y poderosos quieren lucir corona. También las “niñas bien” se disputan los espacios de la belleza efímera.

La subjetividad en los criterios para la elección de las soberanas hace de estos asuntos un tema por demás complejo. Múltiples y diversas son las formas para hacerse de un titulo de reina, desde las absurdas valoraciones de un jurado, hasta la venta de botes de aluminio para la obtención de “votos”. Pero, ¿Qué ganan las reinas además de la corona?

Se gana reconocimiento, estatus, se ganan posibilidades. Las reinas de belleza dejan el espacio común, se instalan por acuerdo tácito, en un lugar alto y bien ponderado. Escalan por la vía rápida para ascender en la marcada verticalidad social de Sinaloa.

Las reinas sufren pero disfrutan, están preparadas para lo bueno y lo malo que trae la banda, el cetro y la corona. Se compite para ser la más bonita, aunque el precio de las derrotas, se paguen con la salud psicoemocional, las concursantes entienden que esos son daños colaterales que bien vale pagar por la fama.
Hace un par de días, Arturo Santamaría presentó un libro sobre carnavales, reinas y narcos. Relata y describe los espacios que gana la delincuencia organizada en los elementos simbólicos de los certámenes de belleza. Los delincuentes las prefieren bellas y muchas historias se cuentan sobre los romances de las reinas con capos delincuenciales.

Ahí está el riesgo de la banalidad cultural de los concursos, justo ahí; en la búsqueda de fines sin importar los medios, en el menosprecio a la intelectualidad de las mujeres,  en la calificación de sus atributos físicos y superficiales sobre el resto de sus múltiples  capacidades.


Mi respeto y reconocimiento a todas las mujeres que participan y han participado en certámenes de belleza. Y la mayor de mis admiraciones, para las también hermosas mujeres profesionistas, académicas, deportistas, intelectuales, artistas y empresarias, que encontraron una manera distinta de colgarse una corona igualmente digna, la del progreso de Sinaloa en el esfuerzos de su trabajo. Luego le seguimos.

Sínicaturas

Jesús Rojas Rivera/ Politólogo.

Viernes 14 de marzo de 2014

Las sindicaturas, esos acotados espacios de representación política, pequeños feudos de poder y de inauditables fuentes de financiamiento, son muestra a escala miniatura de los peores vicios electorales y las prácticas más alejadas al ideal democrático que debiera prevalecer en nuestro estado.

En México, el ayuntamiento existió  antes que el Estado. Es decir, la administración municipal nació antes que la organización institucional de un gobierno federado. El de la Villa Rica de la Veracruz fue el primero instalado en 1519, con ello, se dio paso en la organización administrativa y jurídica de lo que sería posteriormente el gobierno municipal.

Tres eran las funciones principales de los ayuntamientos mismas que prevalecen en esencia. A) Recaudatoria, B) Distributiva y C) De orden social. Los ayuntamientos han sido pilar en la construcción histórica de nuestro país, por ejemplo, fueron base en la conformación del Congreso Constituyente de 1822.
Según el artículo 110 de la Constitución sinaloense, los municipios del estado se dividen en sindicaturas y comisarías. Mientras que el artículo 68 y 69 de la Ley de Gobierno Municipal, marca las bases para su elección.

La organización de las elecciones en las sindicaturas y comisarías está a cargo de los propios ayuntamientos, proceso que inicia con publicación de una convocatoria para la elección mediante plebiscito o asamblea general, según el número de habitantes en la comunidad. No es difícil ver los dados cargados cuando el munícipe tiene interés en ayudar o perjudicar a un candidato. De hecho, es usanza política en Sinaloa que los alcaldes den el visto bueno en las planillas que compiten a dichos cargos públicos.

La elección de síndicos en Sinaloa es una representación de las elecciones de Estado que prevalecieron en México durante los años posteriores a la Revolución y hasta la conformación del Instituto Federal Electoral. Todos los vicios de aquellos tiempos se viven en los simulados procesos democráticos que viven las pequeñas y dispersas comunidades de nuestro estado.

El artículo 70 de la misma Ley de Gobierno Municipal dicta claramente las funciones y atribuciones de los síndicos y comisarios, pero en la práctica y ante la falta de reglamentos que regulen su representación, montados en facultades consuetudinarias, no formales, los síndicos están en nómina municipal, administran y distribuyenlos recursos que se asignan a la comunidad, tienen carácter de aval de fe pública para asuntos administrativos, enlistan beneficiarios para programas sociales y gestionan las peticiones de sus representados ante el ayuntamiento. Atribuciones que los empoderan ante sus vecinos y dejan un número no determinado de recursos públicos en sus bolsillos.

De entonces las reñidas competencias. Las sindicaturas son espacios de poder sin limitaciones formales. Y eso encierra grandes vicios en cuanto a las prácticas que prevalecen tanto en su elección como en su función-actuación.

Solo por mencionar algunas de las quejas más comunes en los procesos de elección de síndicos municipales en todos los ayuntamientos del estado: A) Cancelación de candidaturas por parte del ayuntamiento, B) uso de recursos públicos a favor del candidato oficial, C) cambio de fecha de la jornada electoral sin previo aviso, D) inequidad en el gasto de las campañas, E) uso de la fuerza pública el día de la jornada electoral, F) intromisión de funcionarios de la administración pública durante el proceso de consulta, G) falta de padrón fehaciente, H) compra de votos y acarreo por parte de grupos, partidos políticos u organizaciones sociales, entre otros. Y así podríamos enunciar el alfabeto entero.


La historia es clara, y la solución sencilla. Si queremos tener procesos más o menos limpios para la elección de síndicos y comisarios, los ayuntamientos deberán sacar las manos de esos procesos electivos y encargar a un órgano externo la organización, realización y calificación dichas elecciones en las comunidades. El primer paso es quitarles los controles a los munícipes y darle la encomienda a los ciudadanos. Así de sencillo; si la democracia les estorba, que los nombren a dedazo y se dejen de faramallas. Luego le seguimos…