viernes, 1 de agosto de 2014

Changos con metralleta

Jesús Rojas Rivera/ Politólogo.

Viernes 7 de Marzo de 2014

Durante las últimas dos semanas, un amplio debate ha ocupado los principales espacios en la opinión pública de Sinaloa. ¿Se debe garantizar el respeto a la libre manifestación de ideas en todos los casos y sin excepciones? ¿Son legales las manifestaciones públicas a favor de capos del narcotráfico? ¿Cuál es la responsabilidad de los gobiernos en las marchas?

Sobre el particular, he tenido la oportunidad de escuchar todo tipo de comentarios y argumentos. Verdaderas disertaciones respecto a la libertad de expresión y manifestación, así como sus límites legales y morales. De todo lo dicho y lo callado, creo que estamos dejando de lado un asunto fundamental en el debate respeto a los derechos del ciudadano en Sinaloa; los marcos legales de actuación de las policías en manifestaciones públicas.

Un principio constitucional en México dice que “todas las personas tienen derecho a la libertad de opinión, expresión, reunión y asociación”. Según los tratados internacionales y resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza pública, cuando la policía civil intervenga en una protesta pública debe salvaguardar los derechos humanos y sujetar su acción al “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, además de los “Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego” y el “Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas, Detenidas o en Prisión”.

El año pasado, en marzo de 2013, fue publicado en la Ciudad de México un protocolo de actuación policial frente a multitudes. Dicho protocolo está conformado por ocho capítulos en los se describe la actuación policial y sus mandos frente a una movilización multitudinaria. Según se describe, el ordenamiento sirve “para implementar acciones de control y vigilancia para la conducción de multitudes, para proteger la integridad física de las personas y mantener el orden del contingente durante su desplazo”.

Se describe en el protocolo que las etapas para la actuación de la fuerza pública, deben ser graduales. Inician en la “persuasión o disuasión verbal” que busca mediante el dialogo apercibir a los manifestantes de conducir la marcha de manera respetuosa a los derechos de los demás, buscando evitar la obstrucción de vialidades públicas y el libre tránsito de las personas.  Posteriormente y sólo en caso de manifestación violenta o potencialmente peligrosa, se busca la reducción física de movimientos, en dicha etapa la autoridad buscará acordonar, encerrar o encapsular a los manifestantes para que no se trasladen a puntos estratégicos. Sólo en caso de que la manifestación siguiera un curso violento y/o los manifestantes pusieran franco riesgo la seguridad de las personas se procedería al arresto o a la utilización de armas incapacitantes no letales. Por último, como medida extrema, en defensa propia y ante el peligro de muerte o lesiones graves se utilizaran armas de fuego o letales.

Lo visto el pasado domingo fue todo lo contrario a lo dicho en las normas internacionales y los marcos de actuación que emplean las autoridades facultadas en estos casos. En primer lugar y contra todo protocolo, se buscó dispersar a los manifestantes, lo que provocó diversos frentes que se volvieron incontrolables para la reducida capacidad de la autoridad. Más tarde y sin justificación alguna se utilizó la fuerza de armas letales como disuasivo, poniendo en riesgo la vida de las personas. Y por último, se atacó a representantes de los medios de comunicación que ejercían su labor de informar sobre los hechos que ahí constaban.


La incapacidad de la autoridad lastima tanto como el origen de la marcha. Sinaloa vive momentos convulsos, los gobiernos exhiben su falta de preparación para la atención de movimientos sociales y los policías muestran un peligroso desacato a las órdenes de sus mandos superiores. La autoridad no da“pie con bola”. Recordando el cartón “Tanda Dominguera” del monero sinaloense Avecé: si la autoridad no hace algo, pronto estaremos a merced, bajo la “protección” y “cuidado” de verdaderos changos con metralletas. Luego le seguimos…

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