O P I N I Ó N
Jesús Rojas Rivera
El PRI ya no quiere revisar las
cuentas públicas, prefiere ceder las facultades constitucionales para revisar,
discutir y en su caso aprobar o desaprobar las cuentas públicas del gobernador,
los presidentes municipales y los órganos autónomos a la Auditoría Superior del
Estado. En un acto nunca antes visto en México, renuncian a uno de los
principios parlamentarios más importantes. ¿Cuál será la razón de fondo?
En meses pasados se habló mucho
de que al Revolucionario Institucional y al Gobernador les salió muy caro
asumir los costos políticos de la última votación de las cuentas públicas. La
circunstancia los puso entre la espada y la pared: por un lado, de aprobar la
cuenta pública de Malova, el Gobernador y su equipo estarían imposibilitados
para culpar a los salientes de los desórdenes y desfalcos en los que ha fincado
sus escusas para justificar la falta de resultados. Por el otro, al votar en
contra, tal como lo hicieron, la cuenta pública abrió heridas al interior del
PRI que siguen vigentes y tardarán mucho en sanar.
En el tablero de control del PRI
se advierte una nueva escaramuza, saben que este nuevo intento de sumisión
legislativa saldrá caro, que la oposición busca exhibir que los diputados de la
LXII estarían entregando en complicidad con el Ejecutivo una de las facultades
más importantes para el contrapeso del poder en Sinaloa, en el argumento
endeble de la “despolitización de las cuentas públicas” y “la revisión en
criterios objetivos y profesionales”.
Algunos han comprado el falaz
argumento, suponiendo ilusamente que sacándolas de la discusión de la Soberanía,
por arte de magia las cuentas públicas serán valoradas con profesionalismo y
seriedad, olvidando los escándalos de la Auditoría que han dejado a la
institución como una entidad carente de total autoridad moral para llevar las
funciones primordiales contra la corrupción y el abuso. ¿Ya no se acuerdan?
En el Congreso ya se cantaron las
posturas, el PRI, PAS y los satélites van en bloque, aseguran aprobarán la
iniciativa propuesta por la comisión. Mientras que la oposición PAN, Morena y
PRD anuncian que darán la batalla hasta las últimas consecuencias. La opinión
pública se divide, los menos informados asumen que lo correcto es restarle
facultades el Congreso, los conocedores de la Ley y respetuosos de las
instituciones constitucionales dimensionan este movimiento como uno de los
golpes más arteros a la soberanía del Congreso.
Esta vez, al menos, se cuidó la
forma. La iniciativa del Gobernador entró por las vías formales y se presentó
al interior como parte de los trabajos de la Comisión de Fiscalización. Un
punto mínimo pero favorable, que contrasta con las burdas estrategias a las que
el equipo de Quirino nos estaba acostumbrando.
Del proyecto de modificación
puedo decir que no le ayuda nada a Sinaloa, que sacar del Congreso la discusión
de las cuentas públicas es llevarlas al terreno de la secrecía y la opacidad, y
con ello se evita que los diputados de oposición denuncien en tribuna casos de
corrupción y abusos que la ciudadanía merece conocer.
Si en otros tiempos los diputados
hubieran sacado del Congreso la discusión de las cuentas, nunca nos hubiéramos
enterado de los desvíos de recursos en la obra pública de El Fuerte, los
despilfarros de Chenel en Angostura, los abusivos gastos en gasolinas de Arturo
Flores en El Rosario, del “hackeo” de Bonifacio Bustamante en Escuinapa, los
tramposos contratos para “recuperar” pagos prediales de Arturo Duarte en Los
Mochis, los extraños arrendamientos automotrices en Mazatlán, o los absurdos
gastos en promoción personal de Sergio Torres Félix. Quitar la voz a los diputados
en un tema tan importante es alejar de la atención pública todos los casos
venideros, porque podemos estar seguros que la corrupción, el despilfarro y el
abuso no terminarán por decreto. Luego le seguimos…
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