¿La reelección del tribunal del escándalo?

O P I N I Ó N

                                                                                                    JESÚS ROJAS RIVERA

                                                                                     

Apenas comenzaba este año cuando los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se dijeron de todo: al micrófono la Magistrada Lucila Ayala de Moreschi acusaba de diversas felonías a sus pares en un evento público, involucrándolos en asuntos de corrupción, complicidad en adquisiciones fraudulentas, uso indebido de recursos, actuación dolosa y actos inmorales en oficinas públicas, amén de poner en tela de juicio la independencia del órgano respecto al Poder Ejecutivo. Todo esto quedó, como lo publiqué entonces, escrito en letras de oro en la antología de lo absurdo.

 

Este tema que ha llevado a Sinaloa, de nuevo, a ser referente nacional debe entenderse en sus justas dimensiones. Creo pertinente señalar tres para el análisis, para poder partir de ahí y así emitir una opinión más o menos completa de lo que aquí sucede. La primera dimensión del tema tiene que ver con la facultad del Gobernador en lo que he mencionado como “veto de bolsillo”, la segunda tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción y la tercera con la ética pública de los titulares del máximo órgano jurisdiccional en materia administrativa en nuestro estado. 

 

Respecto a la legalidad o ilegalidad de la publicación del decreto que posibilita a los actuales magistrados a buscar prolongar por seis años más su cargo, debo decir que no existe figura jurídica que se contraponga, que para efectos se ha mencionado como “veto de bolsillo”, es decir, la facultad meta-constitucional del titular del Ejecutivo para aplazar, por tiempo indefinido, la publicación de una Ley o decreto expedida por el Legislativo. El “veto de bolsillo” no lo inventó Mario López Valdez, existe en la mayoría de los países con regímenes presidenciales o semi-presidenciales. Si consideramos inconveniente la figura, deberá ser materia de análisis de la cámara local para su eliminación, tal como sucedió en tiempos de Felipe Calderón a mediados del año 2011.

 

 Sobra decir que la “fabulosa” iniciativa que hoy nos lleva a debate no fue presentada por Malova y  fue aprobada por unanimidad por todas las fuerzas políticas hace 3 años, buscando, a dicho del ex Diputado Luis Cárdenas Fonseca: “la profesionalización de los magistrados”.

 

La segunda parte del análisis tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción y aquí debemos ser claros. Por supuesto que el decreto atenta contra los planteamientos de los legisladores al crear este nuevo sistema contra la corrupción, y atenta porque en el fondo lo que busca el SNA es recobrar la confianza de los ciudadanos en los procedimientos y las instituciones públicas para combatir la corrupción. Se busca que los tribunales tengan independencia plena y esa independencia no se gana, como ha quedado claro en la historia, cuando el titular de un poder jurisdiccional ha sido una propuesta del Ejecutivo, formal o informalmente, y todos sabemos de dónde vienen y cómo se integraron los actuales titulares del tribunal del escándalo.

 

Pero aquí debemos tener claro y despejar dudas: hace tres años, cuando se discutió en la cámara local la continuidad de los magistrados, no teníamos ni idea, ni luces del Sistema Nacional Anticorrupción. Como bien sabemos este sistema es la respuesta institucional a un mal que arrastramos por años, que nos coloca como uno de los países más corruptos de la OCDE y se motivó sin duda en el bochornoso caso de la “Casa Blanca”, tema por el cual nuestro Presidente salió a pedir perdón. Acusar a Malova de tenerlo todo “fríamente calculado” desde la mitad de su mandato, sería pecar ingenuos o confabuladores.

 

Por último quiero tocar un punto que no está en el plano llano de la norma jurídica, tiene que ver con la ética de los magistrados como servidores públicos, depositarios del poder soberano para garantizar la legalidad de los actos administrativos y/o de Gobierno. Aquellos que en medio de estas discusiones han hecho pública la sabida pretensión de buscar seis años más en el cargo al concluirlo. Yo les pregunto: dado el estado que guardan las cosas, ¿no les parece que sería más honroso y digno pensar como estadistas y no como burócratas? ¿No creen que pasarían a la historia como verdaderos hombres y mujeres de instituciones si dan paso a las reformas anticorrupción sin oponerse a ellas? ¿No creen que Sinaloa ganaría más con un órgano libre de escándalos y señalamientos como el que representan? ¿Vale la pena mantenerse por capricho? ¿No se les hace que seis años fue suficiente? Valga la fecha para gritarlo: ¡Viva México! Luego le seguimos...

Escribir como ejercicio de libertad

O P I N I Ó N

                                                                                                          JESÚS ROJAS RIVERA

                                                         

Noroeste cumplió ayer 43 años, yo tengo aquí en la parte baja de la 4A poco menos de 3 escribiendo ininterrumpidamente cada viernes para usted. Soy un convencido de que los medios de comunicación juegan un papel importante y vital en las democracias modernas, son instituciones, mayoritariamente privadas, que cumplen roles públicos fundamentales. Para el análisis de un politólogo, los medios masivos de comunicación se pueden definir desde su función social multidimensional, como lo expone Dieter Nohlen: “desde el papel que juegan para el desarrollo de la cultura política democrática haciendo llegar a los ciudadanos un insumo esencial: la información de lo público”.

Dice Giovanni Sartori que no se puede entender la democracia sin medios de comunicación, más o menos libres o independientes. “Se dice que -en la democracia- las elecciones deben ser libres. Sin duda, pero también las opiniones deben ser libres, es decir, libremente formadas”, y por ello quiero felicitar a mi casa editorial. El politólogo italiano sostiene además que la democracia se apoya en la opinión pública y que la opinión pública surge del seno de los públicos que la expresan.

Es decir, la opinión pública que sirve a la democracia no es aquella que se gesta necesariamente en las salas de prensa de los gobiernos, tampoco es la que los intereses particulares de los dueños de los medios de comunicación pretendan imponer. La opinión pública debe responder a las opiniones de los públicos que la expresan y en Sinaloa no existe un periódico con mayor apertura para sus públicos que Noroeste.

La democracia no solo camina en la construcción de instituciones gubernamentales incorruptibles o procesos electorales a prueba de fraudes. La democracia camina también en un proceso cívico de formación ciudadana, de promoción de valores universal, de participación del individuo para decisiones colectivas y la evaluación de los gobernantes más allá de la urna. Los medios de comunicación son los mensajeros de la información, y la evaluación del ciudadano sobre los gobiernos mucho dependerá de la calidad de la información recibida, en este sentido también lo será de las decisiones futuras.

En esta parte es donde se presenta la gran disyuntiva para los ciudadanos, los políticos y los medios. Sabedores de este gran poder de influencia, los medios de comunicación se vuelven, en términos de Edmund Burke, un cuarto poder con características muy distintas al Legislativo, Ejecutivo y Judicial porque no se sujetan estrictamente a mecanismos de control constitucional, además, sus acciones circundan el subjetivo terreno ético del “deber ser”.

De entonces que los políticos y gobiernos en turno pueden tener en los medios de comunicación grandes aliados o grandes enemigos, esta lógica generalmente se puede reflejar en contratos publicitarios que, en la mayoría de los casos, marcan la línea editorial del medio respecto a la postura sobre el Gobierno y sus acciones.

Lo anterior lo sabía y lo tenía claro desde que Adrián López y Francisco Cuamea me invitaron a colaborar de manera gratuita en esta casa editorial. Fueron muy claros y puntuales en algo que debo reconocer se ha cumplido a cabalidad: “nunca nadie en este medio te habrá de pedir que escribas bajo consigna o línea editorial, el espacio es tuyo para la expresión de tus ideas, sujetándote a la responsabilidad que ello lleva consigo”. 

Y eso he tratado de hacer durante este tiempo. En este humilde espacio he plasmado mis opiniones puras, mis pequeños análisis y críticas claras a muy diversos temas de los asuntos públicos. Me he preparado, he leído y sigo leyendo para escribir para usted de manera informada y reflexiva, le confieso amable lector que he sentido la honrosa responsabilidad de saber que lo que aquí expreso será parte del juicio de mis deberes. Porque cada una de las ideas que plasmo quedarán guardadas en la memoria y el corazón de quien se toma amablemente el tiempo de leerme, porque sé también que estas y todas las letras que aquí se impriman permanecerán en la hemeroteca, física o virtual, que algún día podrán consultar mis hijos, y entonces estaré sujeto a su escrutinio para ver si su padre fue congruente con lo que dijo y con lo que hizo. 

Así, feliz, bajo esa gran responsabilidad es que tomo mi computadora y me pongo a escribir, para hacer la parte que me corresponde por un México y un Sinaloa más justo, más democrático, menos corrupto, más digno y mejor. Por eso es que Noroeste es y seguirá siendo mi casa. Muchas gracias... Luego le seguimos.

¿Para qué invitaste a ese idiota?

O P I N I Ó N

                                                                                                       Jesús Rojas Rivera

Me asumo indignado, las ofensas del candidato republicano a la Presidencia de los Estados Unidos no han sido menores. En sus discursos, Donald Trump les ha dicho de todo a los inmigrantes de varias nacionalidades, y con los mexicanos ha tenido una particular saña.

La estrategia de Trump es radical, busca la polarización del elector en un ejercicio nunca antes visto en los procesos presidenciales del vecino país. Según Freedom’s Lighthouse prestigiada casa encuestadora, Trump no levanta en su popularidad, su competidora Hillary Clinton se encuentra con ventaja suficiente en el complicado sistema electoral americano.

La base del discurso de polarización del neoyorquino se articula en la radicalización de la política migratoria y económica. Donald ha dicho que los migrantes, en particular los mexicanos, son los causantes de la violencia y la inseguridad, pero también ha enfilado sus baterías de odio contra sus aliados mundiales en el Pacífico y Europa. 

El candidato vino a México a demostrar que el Presidente lo recibe porque es un hombre importante, no vino a firmar la paz, ni a moderar su discurso. Enrique Peña Nieto dijo en un twitter que en privado le aclaró que “México no pagará por el muro” pero en la conferencia de prensa se limitó decir que “podemos aclarar y superar malos entendidos y llegar a conocernos mejor”, en una clara justificación a los discursos de su invitado. 

Peña Nieto ha sido severamente cuestionado, su sexenio refleja un caos de comunicación política. Nadie, ni los priistas, terminan de entender sus estrategias, viene de escándalos de corrupción, de ineficiencia, no termina de salir de un escándalo de plagio cuando se mete en otro de diplomacia y sumisión. Dicen varios en su partido que es él, y no Beltrones, el verdadero culpable de la derrota electoral de julio, y que con este nuevo capítulo de la visita incómoda las posibilidades para el tricolor en el 2018 prácticamente están canceladas.

El miércoles por la tarde en Arizona, apenas unas horas después de haber tenido la reunión en la Ciudad de México, el candidato republicano dio su más duro discurso contra los migrantes, como lo expuso Carlos Ximénes corresponsal de El País: “se acabaron las dudas”. Trump afirmó que se construirá el muro que será impenetrable y maravilloso, y que México pagaría por ello aunque todavía -refiriéndose al Presidente- no lo sepa. De ese tamaño la burla a la institución presidencial.

Pero el discurso de Arizona no acabó ahí, Donald Trump dijo también que habría una deportación masiva de todo aquel que entrara al país de manera ilegal, que todas las policías tendrían que ajustarse a la política migratoria para la requisa y detención de todo aquel sospechoso de ser indocumentado, que además los detenidos permanecerán encerrados hasta su deportación y que en política migratoria no habrá amnistía.

Aseguró que existen más de dos millones de ilegales “criminales” y en todo momento de su discurso plagado de odio y discriminación se hizo acompañar de padres que han perdido a sus hijos a manos de indocumentados. 

Para eso le sirvió la visita a México, para darle contexto al más agresivo de sus discursos, para aderezar su propaganda xenófoba y discriminatoria, y para mostrarle al mundo que aún de candidato tiene dominado y bajo control al Presidente del vecino país del sur. Donald jugó sus cartas y las jugó bien, seguramente repuntará un poco en las preferencias.

La gran pregunta que nos hacemos todos es ¿y para qué le sirvió la visita al Presidente? ¿Qué ganó México? ¿Qué ganó Enrique Peña Nieto aparte del linchamiento social? La última evaluación a la gestión del Presidente marca un 72 por ciento de desaprobación, varios analistas aseguraron que sería muy difícil que bajara de ahí porque la base electoral del PRI se mantendría apoyando al mandatario. Pero después de la visita de Trump podemos esperar cualquier cosa, si algo nos ha enseñado nuestro Presidente es que con su imagen todo, absolutamente todo puede pasar. Luego le seguimos...

Disciplina financiera: urgente y necesaria

O P I N I Ó N

                                                                                   Jesús Rojas Rivera

En las funciones del Gobierno no está el ahorro, las administraciones públicas no tienen por qué ahorrar. Los gobiernos deben ejercer el gasto de manera eficiente y eficaz, gastar los recursos públicos de manera transparente, pero sobre todo, deben cumplir con las obligaciones que la ley les marca. No es mejor gobernante el que menos gasta, pero tampoco es mejor el que más invierte, despende o se endeuda.

Hablar de deuda pública es hablar de gasto gubernamental, de las decisiones del político en ejercicio del Gobierno para cumplir con las funciones mandatadas, de aquellas obligaciones que se adquieren en forma directa o a través de sus agentes financieros. La deuda pública no es por sí mala, lo malo es no tener forma de pagarla.

De manera breve, debe usted saber amable lector que la deuda pública tiene diversas formas de clasificarse: Por su origen, por su periodo de contratación, por sus fuentes de financiamiento, por su moneda de contratación y sus instrumentos de pago. Los gobiernos de la federación, los estados y  municipios operan con deudas públicas. La gran diferencia se marca en un concepto fundamental denominado “nivel óptimo de deuda”, que en pocas palabras se define como la deuda que está en posibilidades de pagarse en tiempos convenidos, sin que esto represente un riesgo sistémico en el desempeño del Gobierno o genere costos para los ciudadanos.

El gran problema es que los políticos no saben de ello, la mayoría de los hombres y mujeres que participan en política no tienen el mínimo conocimiento de esta parte fundamental de las finanzas públicas. Y estoy hablando no de que conozcan de memoria las definiciones, sino al menos, de la existencia y naturaleza de los propios conceptos. 

Un gobernante, titular de un ejecutivo estatal o municipal que no tenga nociones sobre deuda pública puede terminar metiendo en verdaderos aprietos a la institución que representa. No es asunto poco común, en México y Sinaloa el tema es más que frecuente.

Los municipios más endeudados de Sinaloa son Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato, el caso de la capital es muy significativo porque es también uno de los municipios más endeudados del país. Los más de mil 262 millones de pesos en deuda que tiene Culiacán son producto de un largo recorrido de irresponsables decisiones, voluntariosas acciones y la contratación de infames deudas sobre deudas. Por fortuna, en nuestro país se aprobó la Ley de Disciplina Financiera también para los gobiernos estatales y municipales promoviendo un balance sostenible entre los ingresos y egresos de las entidades.

La primera obligación que marca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios es que todo gasto debe tener sustento en los planes de desarrollo, además de tomar obligatoriamente en cuenta los criterios generales de Política Económica de la SHCP propuestos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, esto reduce el margen de ocurrencias gubernamentales y ajusta los criterios a un marco de acción claro.

Poniéndolo en esos términos podría escucharse difícil de entender, pero en un ejercicio de ejemplificación sencilla, un municipio tan endeudado como Culiacán no podría ejercer gasto en asuntos ridículos como el “morrín” y “al 100 por Culiacán”, porque serían gastos injustificados, no etiquetados que además no cumplen con ningún fin mandatado y se entienden como un gasto innecesario y voluntarioso para la promoción política del Alcalde.

La verdad es que uno de los pocos pero grandes aciertos del Presidente Enrique Peña Nieto está en la presentación y el impulso de esta Ley, en el transcurrir del tiempo se verá reflejado en la mejora de las finanzas públicas y con ello, sin duda, se elevará la calidad de los servicios públicos, y con un poco de suerte, también la calidad de la obra pública. Luego le seguimos... 

... y sin hacer gestos

O P I N I Ó N

                                                                                           Jesús Rojas Rivera

Quirino Ordaz Coppel ganó las elecciones constitucionales de manera contundente, dejó ver que en Sinaloa la competencia electoral fue todo menos reñida. En lo que algunos han calificado como “las elecciones más sucias en la historia del estado”, el político mazatleco se hizo con la victoria. Lejos pero en segundo lugar quedó el candidato del PAS, el factótum de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, un actor político que entiende que la actividad pública se juega en un tablero, al ex rector me he permitido compararlo con un ajedrecista.

Cuén y el PAS emprendieron durante toda la campaña ataques “estratégicos” contra el PRI, los acusaron de todo, al punto que el universitario acudió a presentar una denuncia contra el abanderado tricolor. Es común olvidar los detalles, la desmemoria se apropia de los vencidos en la construcción de los acuerdos con los vencedores.

A finales de abril aparecieron pintas contra Cuén al interior de instalaciones universitarias. El Partido Sinaloense acusó al PRI de operar una campaña sucia en la que, según ellos, “se preparaba” un atentado en contra del candidato con el fin de evitar que llegara a la Gubernatura. Por supuesto esto no sucedió.

El 12 de mayo el ex rector denunció ante el IEES a Quirino Ordaz Coppel por violar la Ley Electoral, entre otras cosas por colocar una pantalla gigante en áreas de orden público, frente a la Universidad de Occidente, para la retransmisión del segundo debate. Esta como todas las denuncias contra el PRI, resultaron improcedentes o cuando menos insignificantes para el órgano electoral.

El 16 de mayo el abanderado del PAS y Movimiento Ciudadano anunció que denunciaría ante la Fepade a Quirino Ordaz por la llamada filtrada donde dialogaba con el Alcalde de Culiacán, Sergio Torres Félix, solicitándole apoyo para repuntar sus preferencias en las sindicaturas. La acusación contra el edil nunca fue demostrada.

El 17 de mayo Cuén advirtió que se configuraba en Sinaloa una elección de Estado y llamó a los demás contendientes a unirse en contra de Quirino. Pidió cerrar filas en torno a él porque, afirmaba, las encuestas lo ponían a un margen estrecho del competidor tricolor. “La única manera de vencerla es unificando la fuerza de todos los partidos adversarios al PRI”, dijo. Ni se unificaron, ni estaba tan cerca, ni ganó.

Pero la política mexicana es así, permite a los actores entrar en diálogos como los antes expuestos, genera frentes y batallas en el marco de dichos y diretes. Permite la expresión coloquial, la acusación de ocurrencia, la bravata de banqueta, todo absolutamente todo porque en el juego de lo político la seriedad del dicho nunca está sujeta a probanza.

Desde la semana pasada Héctor Melesio jugó sus fichas y Quirino correspondió “en pos” de la gobernabilidad y la unidad de Sinaloa. El gran movimiento de Cuén fue nombrar al primero de los coordinadores de las bancadas, su alfil incondicional Víctor Antonio Corrales Burgueño, posteriormente, hizo una declaración sorprendente: el PAS buscaría presidir la Cámara el primer año para ser ellos quienes tomen protesta al próximo Gobernador electo. El paso siguiente era lógico, una reunión con el Gobernador, donde todas las ofensas, todos los dichos, todas las acusaciones, amenazas y “sanquintines” quedan olvidados porque “se debe ver por el bien de Sinaloa” -léase en tono hipócrita-.

El gran ganador de la partida inicial Cuén-Quirino es Héctor Melesio, quien con un diputado menos que el PAN está haciendo el primer acuerdo, la patada inicial de lo que será una breve pero intensa legislatura. En este pacto de “civilidad política” podemos adelantar la postura sumisa de los diputados del grupo universitario en el arranque legislativo.

El PAN por su parte puede seguir cosechando como oposición lo que a nivel nacional le ha redituado muy bien, marcar distancia al PRI que pasa por uno de sus momentos más críticos en la figura presidencial. La gran oportunidad para brillar será para aquellos legisladores que puedan mantener una postura congruente, madura y sensata respecto al rol de oposición que deben jugar. Los entreguistas ganan en lo inmediato, de los congruentes será el futuro. En Sinaloa el 2018 comienza a dibujarse. Luego le seguimos...

Sinaloa y el sistema nacional anticorrupción

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                                                                                              Jesús Rojas Rivera

El Sistema Nacional Anticorrupción es la respuesta institucional a un mal social que afecta significativamente la vida pública del País. La corrupción en México ha existido incluso antes de que Enrique Peña Nieto naciera, pero es en este sexenio donde el tema se convirtió en un foco de atención nacional, en el tema central de la discusión pública, en gran medida por los escándalos en donde la familia y el propio titular del Ejecutivo se han visto involucrados y por los cuales, en un acto nunca antes visto, el Presidente ha tenido que salir a pedir perdón.

Pero no solo en el Poder Ejecutivo hay corruptos y corruptores, la corrupción también se presenta en el Poder Legislativo y Judicial, en los organismos públicos autónomos, en las empresas, en las universidades, en la calle y podría asegurar que hasta en las iglesias. La corrupción es enemiga del sistema democrático porque pone en práctica todos los anti-valores que son contrarios al bien común. En marzo de este año se discutieron los últimos puntos del Sistema Nacional Anticorrupción mediante una reforma constitucional que establece la creación del sistema, que nace de la voluntad de todas las fuerzas políticas representadas en las Cámaras y se sostiene en una gran demanda ciudadana para la atención de este tema.

El Sistema Nacional Anticorrupción busca agrupar las instituciones encargadas de combatir la corrupción con el fin de acabar con la impunidad que rodea a todos los lesivos actos que acompañan dichas prácticas. Para tales efectos se crean o modifican siete leyes que son el punto de partida para generar los mecanismos que operarán este sistema de fiscalización y rendición de cuentas en todos los órdenes de Gobierno.

La más importante es sin duda La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, es el cuerpo normativo que se fundamenta en la reforma constitucional que define la manera en cómo se coordinarán los esfuerzos del combate a la corrupción, estableciendo un Comité Coordinador que será el encargado de llevar las políticas públicas y las evaluaciones encaminados a tales esfuerzos. 

Además se incluye la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde se adopta en buena medida el espíritu de la Ley 3 de 3, propuesta nacida en un movimiento de organizaciones sociales, cámaras empresariales y grupos académicos que exigieron mediante un gran movimiento de recolección de firmas que todo servidor público presentara su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés. Esto además da origen al Registro Nacional de Servidores Públicos y la Plataforma Nacional de Declaraciones de los Servidores Públicos, donde se espera se incluyan todos aquellos que tengan atribuciones y funciones públicas en todas las dependencias gubernamentales, de todos los poderes y órganos desconcentrados, de la federación, las entidades federativas y los municipios. 

A destacar también las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como las nuevas atribuciones concedidas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Para desaparecer la figura de la inoperante Secretaría de la Función Pública manteniendo un órgano de control interno de la Administración Pública Federal, para que persiga y resuelva las faltas administrativas de los servidores públicos. De la misma forma se destaca la ampliación de facultades para que la Auditoría Superior de la Federación investigue y fiscalice en tiempo real la aplicación y gasto de los recursos federales, incluso en donde existan participaciones estatales. 

Por último debemos destacar las reformas al Código Penal para la tipificación de los delitos que circundan los actos de corrupción graves, así como la designación del fiscal anticorrupción en las entidades federativas, que es una tarea legislativa que estará pendiente para la siguiente legislatura. Hasta ahora lo que se ha avanzado no es menor, son grandes esfuerzos que se deben ajustar en las legislaturas locales para la armonización de marco jurídico para el combate a la corrupción. 

Sin duda los legisladores entrantes tienen una gran responsabilidad, ya veremos si se aplican en hacer la tarea o continúan en ese breve y atípico periodo legislativo con la flojera que caracterizó a la gran mayoría de legisladores que están por despedirse, los mismos de las posturas intrascendentes, los chalanes de trámite, los que cobraron “dioquis”. Luego le seguimos...

Los que se van

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                                                                                                                      Jesús Rojas Rivera

Alguna vez leí que la evaluación al desempeño de los diputados no podía hacerse en lo individual, que en todo caso sería injusto por las múltiples variables que influyen en el proceso legislativo. El desempeño de los diputados o la eficiencia del cuerpo legislativo sería más consistente al evaluar a las bancadas o grupos parlamentarios, o bien a las comisiones o a todo aquello que tome uno o más elementos de la compleja función camaral.

Pero eso es un tema que podría llevarse a tesis de posgrado, la discusión en la Ciencia Política sobre la “evaluación de la eficiencia legislativa” ha estado en el tintero de muchos politólogos amantes de la cuantificación y la estadística. Pero de algo puede estar seguro amable lector, hacer un ranking de diputados no sirve de mucho.

Las funciones de las y los diputados son múltiples, las principales son las propias del hacer, modificar y derogar leyes, pero eso es solo el principio. Un legislador tiene funciones muy importantes en los ejercicios financieros de los gobiernos, tanto en la asignación de los recursos públicos, como en la comprobación de su correcto ejercicio.

Pero también existe una función muy difícil de evaluar, tiene que ver con el uso de la tribuna, con la argumentación, la elocuencia y la defensa de las ideas que deberán representar la voz de los ciudadanos. Y eso sería verdaderamente complicado, la evaluación de los contenidos discursivos podría ser influenciada por la postura ideológica o afinidad política de quien hace o manda hacer la evaluación.

En Sinaloa está a punto de concluir la LXI legislatura, que ha sido severamente criticada por tirios y troyanos, he leído que a los diputados que cierran ejercicio se les ha llamado de mil formas, incluso Jesús Enrique Hernández Chávez ha tenido que aceptar que ha sido una legislatura de “pocas iniciativas pero de fondo, porque las leyes no se producen en línea”. Seguramente refiriéndose a la grandiosa ley que criminaliza el maltrato animal en un estado con el 98 por ciento de impunidad en delitos de altísima gravedad como el homicidio.

Pero más allá de ello, sin entrar en el debate para juzgar la “eficiencia” de los legisladores salientes, yo me atrevo a decir que salvo sus honrosas excepciones su actuar fue intrascendente, opaco e irresponsable. Comenzando por la indefinición de las bancadas, nunca se supo cuál era la oposición, ni cuál era la bancada afín al gobernante. Hicieron la función de comparsa, de chalán de trámites y asuntos sin importancia. La que concluye fue una legislatura muda y servil que mostró el rostro de la sumisión ante el Poder Ejecutivo.

En estos tres años hubo de todo, múltiples suplencias para aventuras electorales, cambios de bancada, iniciativas recicladas, ausencias sin suplencias, posturas incongruentes, silencios cómplices, y hasta un desafuero casi a regañadientes.

Lo más destacable a mi juicio es la participación de tres legisladoras que hicieron un intento por la dignificiación del Congreso. Pertenecientes a distintos partidos políticos, incluso entrando en duros debates entre ellas, las legisladoras Sandra Lara del PRI, Imelda Castro del PRD y Laura Galván del PAN, son sin duda las tres mujeres que dignifican la plana de este oprobio legislativo.

Esperemos que la siguiente legislatura dé muestras de altura política, así como esperamos también que muchos de los ineficientes que están a punto de concluir replanteen su camino y cambien de oficio. El ejercicio público en la Cámara requiere definiciones claras y posturas congruentes, en una democracia se puede ser dignamente oposición y dignamente aliado del goberante en turno, pero en un ejercicio deliberativo claro, franco, abierto y consecuente.

Concluye la legislatura y concluirá el sexenio, esperemos también concluya el “gatopardismo” legislativo en el juego siniestro de aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y en sus hechos y actos lo traicionan. Desde Tegucigalpa, la tierra del cacique Lempira, les mando un abrazo a mis contados lectores. Luego le seguimos...