De reformas políticas y otras ficciones
Jesús Rojas Rivera/ Politólogo.
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Viernes 11 de abril de 2014
Intentar hacer un análisis sobre
las reformas políticas obliga a la revisión escrupulosa de las instituciones y
las constituciones, es decir, al entramado que da forma al Estado. Me refiero a
lo que el politólogo italiano Giovanni Sartori, llama la ingeniería
constitucional, pilar del poder público.
Todo aquel que busque hacer un
estudio más o menos serio de las reformas políticas, deberá identificar al menos
tres elementos fundamentales: el origen de las reformas (quien las promueve),
los fines que persiguen las mismas y los
medios seguidos para aprobarlas. De la precisión y profundidad de las
respuestas, dependerá que tan a fondo se logre llegar en el análisis.
Las reformas políticas deben
entenderse más allá de las modificaciones legales y constitucionales. Son
procesos complejos, muchas veces acompañados de verdaderos cambios de
paradigma. La mayoría de las reformas políticas de fondo y efectivas que se
registran a través del tiempo, provienen de cismas históricos, fracturas de la
continuidad del sistema de instituciones, que por falta de legitimidad, de ineficiencia
o por disfuncionalidad con el sistema político prevalente, dan paso a cambios trascendentales.
Los ejes principales de las
reformas políticas tienen que ver con el
régimen de gobierno, el régimen electoral y el sistema de partidos. Si las
iniciativas o los cambios pretendidos no contemplan y logran modificaciones
sustanciales en los mencionados puntos rectores, se puede hablar de todo, menos
de reforma política.
Según Manuel Alcántara Sáez
profesor de Ciencia Política, en la Universidad de Salamanca, la “ola
democrática” por la que caminan muchos gobiernos en América Latina ha planteado
a los gobernantes “reinventar” las instituciones, “transparentarlas” y
“ciudadanizarlas”. Suponiendo una mejora sustancial en los resultados de los
gobiernos.
En realidad y de fondo, lo que
busca este movimiento “democratizador” es la legitimación del gobierno ante los
ciudadanos. La ineficiencia gubernamental propia de las incipientes
democracias, obliga a compartir pequeños espacios para la reflexión de los problemas
públicos, lavar culpas de incapacidad y replantear esquemas para la mejora
sustancial de la gestión de la cosa pública.
Resulta interesante observar las
reformas políticas planteadas desde el Poder Ejecutivo y no desde el Poder
Legislativo. El Presidente o los Gobernadores al proponer reformas políticas van
más allá de sus facultades administrativas siguiendo el postulado de la “ola
democratizadora”, demostrando que no todo marcha sobre ruedas, que los
resultados no son los esperados.
Luego entonces, los gobernantes
remiten culpas contra ese entramado institucional obsoleto, anquilosado y
pernicioso que no genera incentivos para el crecimiento y el cambio. “Si el
gobierno está fallando; es en realidad culpa del diseño institucional que tiene
el modelo de administración pública vigente”. Es, según los expertos, el
mensaje en tono de excusa que mandan los gobiernos cuando pretenden encabezar
“grandes cambios” o “reformas estructurales” en las instituciones de un Estado o entidad federativa.
Los cambios verdaderamente
efectivos en la reforma política no surgen necesariamente desde el poder político
detentado en el Ejecutivo. Surgen más bien de la discusión y demanda de grupos organizados
en temas tan diversos como la complejidad de la sociedad que las promueve.
Surgen también desde la oposición responsable en los postulados de los partidos
políticos diferentes al gobernante, de las minorías representadas en las
cámaras, y de la pluralidad de las demandas históricas incumplidas.
Una reforma política notable y
trascendental no suele negociarse en desayunos o pactarse en la mesa de un brunch dominical. Se construye más bien
gracias a la congruencia de los actores políticos que la impulsan y la firmeza
en la solución de las demandas que se persiguen. Las reformas de alcance
histórico son procesos de discusión, negociación y compromiso que se dan entre
actores políticos no subordinados al mando que las convoca. Se dan en el
verdadero ejercicio de la división de poderes, en el sagrado contrapeso que
garantiza la democracia. Luego le seguimos.
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