El nuevo Auditor

Jesús Rojas Rivera/ Politólogo.

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Viernes 25 de abril de 2014

Tarea principal de aquella “asamblea deliberante” de la cual nos hablara Aristóteles en su Política, era la de discernir, debatir y decidir sobre los asuntos de interés común. Veintiún siglos después, Montesquieu coincidía con el griego sobre la importancia de ese órgano deliberativo, pero añadía además, la función para establecer un sistema de frenos y contrapesos que permitieran un sano equilibrio en el ejercicio público.

El contrapeso ideal lo describe Maurice Duverger, en la distribución de los recursos públicos y la facultad fiscalizadora que tienen los congresos sobre el gasto de los ejecutivos, en el marco de un sistema representativo de partidos políticos en competencia.

Esa facultad de fiscalización busca analizar los gastos públicos, verificar los resultados financieros, la utilización de créditos, el endeudamiento, el cumplimiento de las metas fijadas en programas y proyectos en los cuales se deben regir las administraciones gubernamentales. En suma, todo ejercicio que tengan los poderes y las dependencias en donde se involucre el gasto de dinero público. Para ello, la Ley crea un órgano técnico especializado que trabaja estrictamente bajo la coordinación de los diputados, gozando de independencia y autonomía, a ese órgano se le denomina Auditoría Superior, cuyo titular y máximo responsable se le nombre Auditor Superior.

Hace pocos días falleció en un lamentable accidente Marco Antonio Fox Cruz, titular en funciones de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. Fue electo en el cargo el 3 de junio de 2008, para un periodo de 7 años, es decir su encomienda concluiría en 2015. La triste bacante, comprende uno de los cargos más importantes para el ejercicio de los contrapesos democráticos en el estado de Sinaloa.

La elección de nuevo Auditor es un tema trascendental, de principal importancia para los destinos de nuestra entidad. El procedimiento lo describe la Ley de la Auditoría Superior para el Estado de Sinaloa en su artículo veinte, donde se faculta a la Comisión de Fiscalización del Congreso para la formulación de una convocatoria pública para que; “organismos integrantes de los sectores empresarial, comercial, de servicios, agrupaciones de profesionistas, instituciones de educación superior, y ciudadanos presenten propuestas o autopropuestas para ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado”.

Algunos de los requisitos que deben tener los candidatos al cargo son; poseer título y cedula profesional de licenciado en contaduría, contador público, abogado, economía, administración o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades administrativas o finanzas públicas, con una antigüedad mínima de diez años; no haber sido Secretario de Despacho, Procurador General de Justicia del Estado, Magistrado del Poder Judicial o haber desempeñado cargo de elección popular, ni en órgano de dirección en algún partido o agrupación política, ni integrante de organismos autónomos reconocidos por la Constitución, durante los tres años previos al de su nombramiento.

De las propuestas recibidas la Comisión revisará las mismas junto con los demás requisitos que la convocatoria señale y entrevistará a los candidatos al cargo por separado para su evaluación. Es facultad y responsabilidad de Comisión formular un dictamen a fin de proponer una terna de candidatos. Posterior, la Junta de Coordinación Política agendará el dictamen en el orden del día para que sea el Pleno del Congreso en donde se discuta, apruebe y vote la designación del nuevo titular de la Auditoría, el candidato debe ser electo con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión.

La responsabilidad del bien llevar de este procedimiento histórico, recae principalmente en los integrantes de la Comisión, los diputados Gómer Monárrez (PRI) y Martín Pérez (PAN), así como de los legisladores; María Lorena Pérez (PRI), Sylvia Miriam Chávez (PANAL), Fredy Montoya (PRI), Imelda Castro (PRD) y Marco Antonio Irizar (PRI). Esperamos por el bien de Sinaloa, que todos ellos, estén a la altura de las circunstancias y prevalezca el legítimo interés público sobre cualquier otro tipo de interés velado o evidente. Luego le seguimos.